El Gobierno boliviano, a través del ministro de Justicia y de la viceministra de Comunicación, César Siles y Gabriela Alcón, respectivamente, reiteró este martes su compromiso de garantizar el desarrollo de las elecciones generales y afirmó que las acciones presentadas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no ponen en riesgo el proceso electoral.

Por un lado, en conferencia de prensa, Alcón enfatizó que la posición del Gobierno es que se lleven adelante el 17 de agosto, como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aseguró que se debe cumplir el calendario electoral.

Alcón afirmó que el principio de preclusión y un acuerdo firmado entre los pderes de Estado garantizan el desarrollo de las elecciones.

En ese marco, afirmó que los recursos que se presentan ante el TCP “no deberían afectar este escenario”.

“Somos claros y precisos, las elecciones tiene que llevarse adelante el 17 de agosto”, aseveró.

En esa misma línea, el ministro de Justicia, César Siles, enfatizó que no existe ningún riesgo legal, ni institucional que pueda paralizar las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de esta gestión.

“Reafirmo que no existe riesgo legal, institucional alguno de que las elecciones puedan ser paralizadas por estas acciones de inconstitucionalidad. Más aún, porque existe un acuerdo, compromiso de los órganos del Estado”, dijo Siles en entrevista con radio Fides.

Explicó que, actualmente, existen tres acciones de inconstitucionalidad formalmente presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y otras tres en trámite de presentación.

Una de ellas fue interpuesta por el diputado de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, en relación con el derecho de las naciones y pueblos indígenas a participar en elecciones nacionales. Otra acción fue promovida por una organización indígena, también en trámite ante el TCP, y una tercera corresponde al diputado Israel Huaytari, vinculada a la paridad de género.

Siles remarcó que ninguna de estas acciones representa una amenaza para la realización de los comicios, ya que el calendario electoral fue aprobado.

"En el eventual caso de que, después de un trámite se emita una sentencia constitucional, esta no regirá para la presente elección", puntualizó.

Explicó que las acciones buscan modificar normas de aplicación futura, en caso de que se declare su inconstitucionalidad, no afectarán el actual proceso electoral.

Además, enfatizó sobre la existencia de un acuerdo institucional entre los órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral, alcanzado durante un reciente encuentro multipartidario, para garantizar las elecciones en la fecha prevista.