El Ministerio Público imputará al exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y declaración falsa. Así lo anunció el fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, en las últimas horas.

“El fiscal del caso me comunicó que tiene los elementos suficientes para sustentar (la imputación). Por esa situación, el Ministerio Público presentará una resolución de imputación formal en contra de este ciudadano por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración de bienes y rentas”, dijo Tórrez, según reporte de La Razón.

Tórrez, no obstante, señaló que será el fiscal asignado al caso el que decida si en la imputación se pide la detención preventiva del exministro o medidas sustitutivas.

Asimismo, justificó el “retraso” de las investigaciones en ese caso, que además involucra al exasesor jurídico de Lisperguer, e indicó que se debe al cumplimiento de ciertos procedimientos establecidos por norma, tomando en cuenta que es un “caso complejo” que requiere una valoración integral de cada uno de los elementos que se colectaron.

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción inició la investigación contra el exministro de Medio Ambiente y su entonces asesor jurídico Gabriel D. A., en octubre de 2024, y halló indicios de responsabilidad por falsedad de declaración jurada y enriquecimiento ilícito, por lo que presentó la denuncia ante el Ministerio Público el 3 de enero de 2025.

Según el Viceministerio, la investigación se centró en las gestiones 2021 y 2024 y se identificaron movimientos inusuales e irregulares de grandes cantidades de dinero.

En el caso del exministro se contabilizaron que adquirió ocho bienes inmuebles en el mismo periodo. En total tendría nueve inmuebles, la mayoría en el departamento de Cochabamba.

Además se constató movimientos económicos de al menos 1 millón de bolivianos entre los ahora investigados y depósitos de otras personas, entre ellos algunos servidores públicos.

En el caso del asesor jurídico se identificó un movimiento inusual de sus cuentas de más de Bs 600.000 en el período 2024, quien también tendría consumos y compras “desproporcionados” a su perfil patrimonial.