Cumplido su anunciado “paro movilizado”, sectores económicos insisten en derogar la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), por considerarlo confiscatorio, y anunciaron que asumirán nuevas medidas.

El dirigente gremial Edgar Álvarez informó que las movilizaciones continuarán de forma escalonada y que cada institución emitirá un voto resolutivo exigiendo la derogación de la normativa. 

"Hemos determinado seguir movilizados. Comenzamos con movilizaciones escalonadas en diferentes ciudades, y nos dirigimos hacia una reunión sectorial la próxima semana", afirmó Álvarez.

La medida de este lunes, protagonizada principalmente en Santa Cruz, fue llevada adelante por empresarios privados, industriales, exportadores y transportistas del país y parte de los gremiales.

"Todas las instituciones hemos coincidido en rechazar esta disposición y exigimos su derogación. Lo que nos tiene movilizados es el gobierno, porque es su responsabilidad atender el pedido del pueblo", enfatizó.

Álvarez, además, adelantó  que las próximas acciones de protesta iniciarán el jueves y se intensificarán en diversas ciudades del país. "No vamos a parar hasta que se dé una respuesta clara. La movilización será creciente y contundente", advirtió el dirigente gremial.

Por su parte, el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, rechazó entablar cualquier diálogo con el Gobierno hasta que la disposición no se derogue.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Gobierno afirma que no se acató convocatoria a paro

Entretanto, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que el paro convocado por empresarios, industriales y gremiales en Santa Cruz no fue acatado, porque las diferentes actividades se desarrollaron con “total normalidad”.

“Hemos visto que Santa Cruz está completamente normal, hemos podido estar en los medios de comunicación, transitando casi en la mitad de la población y en Santa Cruz las actividades son normales”, aseguró.

La autoridad, en ese sentido, aseveró que en los sectores que se oponen a la disposición séptima del PGE manejan un “doble discurso” ya que, dijo, “algunos, por un lado, nos piden combatir el contrabando, el agio y la especulación, sin embargo, cuando toma algunas medidas el Estado que nos permitan garantizar la estabilidad económica en el país, existe un desacuerdo. Entendemos que es un tema esencialmente político porque estamos entrando a un periodo electoral”, cuestionó Calvimontes.

Asimismo, indicó que la normativa no está vulnerando los intereses privados.

“Sabemos que el contrabando lo manejan grandes mafias y logias que se han venido construyendo, estamos viendo que hay mecanismos que impulsan el agio y la especulación. Lo que nosotros estamos haciendo es defender los intereses del pueblo, por eso, está normativa”, remarcó la autoridad.