La Paz, 11 de febrero (Oxígeno).- El Ministerio de Autonomías, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Servicio Estatal de Autonomías elaboraron una propuesta técnica para encarar el diálogo rumbo al pacto fiscal en Bolivia en base a la participación ciudadana y una agenda que incluye como quinto y último punto el debate distributivo de recursos.

El documento fue presentado hoy en la primera sesión del Consejo Nacional de Autonomías en la que participaron el presidente Evo Morales, los ministerios de la Presidencia, de Planificación del Desarrollo y de Autonomía, los gobernadores de los nueve departamentos, cinco representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), cinco representantes de las autonomías indígena originaria campesinas y un representante de las autonomías regionales.

La propuesta gubernamental que costa de 53 páginas divididas en seis partes plantea que el pacto fiscal sea entendido como el “proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el nivel Central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas, con participación social de las ciudadanas y los ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con el fin de hacer efectivo el ‘Vivir Bien’ conforme a los principios, garantías, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución Política del Estado”.

Agenda de trabajo

El proceso de diálogo acordado entre los miembros cuenta con cinco etapas de trabajo en el siguiente orden: Fase preparatoria, socialización, priorización de agendas, asignación e inversiones efectivas, análisis de las fuentes de recursos.

En la primera etapa de diálogo se deben alistar todos los aspectos administrativos, logísticos y de coordinación interinstitucional. En la segunda, el eje de trabajo se enmarcará en la difusión amplía la información sobre el uso y destino de los recursos públicos.

La tercera etapa  concentrará todas las labores con la prioridad de elaborar una agenda territorial productiva y social en el marco del ejercicio competencial. El cuarto paso estará destinado a la identificarán de los factores de carácter externo e interno (legales, institucionales y otras razones) que inciden en la administración de los recursos públicos, y se propondrán mecanismos orientados a mejorar la gestión pública.

Y en la quinta etapa y última se elaborará un diagnóstico de las fuentes y usos de los recursos públicos actuales, en base a los compromisos alcanzados en las etapas previas.

Pacto social con participación ciudadana

De acuerdo al documento elaborado por el Órgano Ejecutivo, debe existir un proceso de acuerdos constantes, sólidos, recurrentes y amplios entre niveles de gobierno con participación de la sociedad civil.

Los gobiernos autónomos tendrán dos vías para actuar: La primera, cuando tengan acceso a la información de las finanzas públicas nacionales y la gestión de la entidad territorial a la que pertenecen, las cuales permitirán que efectúen un diagnóstico y la consecuente identificación y priorización de objetivos, por medio de los mecanismos que en cada caso se consideren viables y pertinentes; y, la segunda vía, que dé cuenta y considere los resultados de los amplios procesos a nivel nacional en los que las organizaciones sociales, cívicas, gremiales y otras definieron objetivos y construyeron las metas del Estado.

Las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos serán las responsables de generar los mecanismos de participación ciudadana necesarios, debido a que son las portavoces oficiales al haber sido electos por la población a la que representan.

Algunas consideraciones

La propuesta también hace algunas consideraciones en su contendido. Por ejemplo, indica que el pacto fiscal hace referencia “a una serie de procesos de generación e implementación de acuerdos entre los administradores de recursos públicos, que tienen por propósito mejorar el uso de los recursos que se disponen a través de la aceptación, implementación y seguimiento de compromisos”.

La consideración de la situación económica social de las entidades territoriales autónomas debe ser un punto a tocar, detalla el documento, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y los bolivianos.

Otro punto destacado en la propuesta gubernamental es que la planificación del uso de recursos públicos debe también estar orientado al cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas y la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

En el caso de los pueblos indígenas, pone en la mesa de debate la prestación de servicios de salud que respete la cosmovisión de este sector de la población y prácticas, lo que en criterio del Gobierno  puede requerir “una asignación de recursos diferente a la otorgada para la implementación de la medicina convencional”.

Cambios a la Ley de Autonomías

Hoy no faltaron las observaciones a las normas que regulan el trabajo en busca de un pacto fiscal. El presidente Evo Morales lamentó que la Ley de Autonomías cuente con algunas exclusiones. Ese es el caso de la ausencia del Ministerio de Economía que de acuerdo a la norma no forma parte del Consejo Nacional de Autonomías.

Asimismo, la ley establece que el Consejo Autonómico debe reunirse solamente por dos ocasiones en un año, situación que fue cuestionada por el mandatario quien adelantó que la norma será modificada con esas  observaciones.

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