El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emplazó a todos los sectores y actores parte de la situación de conflictividad en el país a deponer actitudes y evitar la vulneración de derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad, y, principalmente al Estado a propiciar un espacio real de diálogo.

“Emplazamos a todos los actores involucrados en esta conflictividad a que, en el caso de los movilizados depongan actitudes intransigentes y se pueda generar puentes humanitarios para evitar afectaciones a poblaciones en situación de vulnerabilidad.  Asimismo, Exhortamos y exigimos al Estado a que pueda generar un espacio real, público, transparente de diálogo para que estos problemas que tiene que ver con demandas legítimas y que no generen espacios de impunidad puedan ser atendidos adecuadamente”, afirmó Callisaya durante la presentación del Tercer Reporte del Comportamiento de la Conflictividad en Bolivia.

Asimismo, la autoridad defensorial, exhortó al Ministerio Público a generar un espacio serio de investigación de la existencia de grupos paraestatales y el uso de armas en ciertos puntos de bloqueo.

“Advertimos la desigual aplicación del poder del Estado, porque, así como se ha procesado y detenido a personas con petardos y otros elementos destinados a protestas sociales, hay otros espacios como los del 17 de septiembre, que se han ido suscitando con grupos (paraestatales), generando violencia con petardos de grueso calibre y otros insumos que no se ha investigado”, remarcó Callisaya.

El Defensor del Pueblo informó que, en los diez días de bloqueos (hasta ayer), se contabilizó cuarenta y tres personas detenidas, treinta y uno de ellas puestas en libertad, dos procesados en libertad, dos con detención preventiva (cárcel San Pedro), siete con detención domiciliaria y una con medidas sustitutivas.

El tercer informe de Conflictividad en Bolivia presentado por el Defensor del Pueblo reporta que, entre julio y septiembre de la presente gestión, los derechos más vulnerados fueron los laborales y políticos.

De los 136 hechos de conflictividad registrados en el Sistema Inteligente en Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) durante el tercer trimestre del año, cincuenta representan vulneraciones al derecho al trabajo y empleo, seguido del derecho político (27), derecho al medioambiente (17), derecho a la propiedad privada (12), derecho a la salud (6), derecho a la educación (6), entre otros, principalmente concentrados en el eje central del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.)

Finalmente, el Defensor del Pueblo recordó que es el Estado el llamado a generar espacios de diálogo real, transparente y público.

Este miércoles se cumplen 10 días desde que seguidores de Evo Morales iniciaron un bloqueo de caminos que se concentra, principalmente, en el departamento de Cochabamba.

Los evistas exigen, sobre todo, que Morales sea habilitado como candidato a la presidencia de cara a las elecciones del 2025 y que se detenga la investigación en su contra por los delitos de estupro agravado y trata y tráfico de personas.