El presidente del Estado boliviano, Luis Arce, acordó con los miembros del sistema asociativo municipal acciones conjuntas para hacer frente al denominado contrabando a la inversa y proteger la industria nacional, como parte de la política destinada a asegurar la seguridad alimentaria.

La reunión se realizó en Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz, un día después de aprobarse el decreto 5245 que permitió el desplazamiento de al menos 1.000 militares a las zonas de frontera para evitar la ilegal comercialización y traslado de alimentos a países vecinos.

“Coordinamos acciones conjuntas con nuestras regiones para combatir el contrabando a la inversa, proteger nuestra producción nacional y avanzar en la consolidación de la industrialización mediante la sustitución de importaciones”, explicó respecto a la reunión de este jueves.

La administración de Arce está empeñada en fortalecer diferentes mecanismos para evitar la salida ilegal de alimentos a países vecinos, donde son comercializados a un mayor precio que al interior de las fronteras.

Este es uno de los factores identificados en el incremento de precios de productos de la canasta familiar.

Las operaciones dispuestas se realizarán en tres campos: frontera, en las zonas que vinculan al país con Perú, Chile, Argentina y Brasil; en los puntos aduaneros, donde también intervendrá personal de la Aduana; y en los mercados de los diferentes departamentos donde operará el Comité de Seguridad Alimentaria.

Las alcaldías tienen una importante tarea en esta estrategia, porque tienen la competencia de controlar los precios y calidad en los mercados.