Sandra Gutiérrez reasume como Fiscal Departamental de Tarija y pide reincorporar a sus colaboradores
"Sandra Gutiérrez no se apega a este cargo (...) yo me voy a ir en cualquier momento pero no de la forma que me han sacado como también le han sacado a mis colegas fiscales", señaló la Fiscal Departamental de Tarija.
Tras ser beneficiada por una decisión judicial, Sandra Gutiérrez reasumió este lunes como Fiscal Departamental de Tarija y pidió que se reincorpore también a sus colaboradores más cercanos.
"Sandra Gutiérrez no se apega a este cargo (...) yo me voy a ir en cualquier momento pero no de la forma que me han sacado como también le han sacado a mis colegas fiscales", señaló la Fiscal.
Gutiérrez fue destituida la pasada semana después de que emitiera una orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales, misma que fue revocada por un tribunal de Santa Cruz.
En ese sentido, Gutiérrez acusó a la cabeza del Ministerio Público, Juan Lanchipa, de haberla destituido por investigar a Morales; sin embargo, el Fiscal general negó ese extremo y señaló que la decisión se tomó por “actos negligentes” de la autoridad fiscal departamental.
“Es algo injusto, algo inhumano lo que están haciendo, por eso es lo que decía, están realizando una masacre blanca sólo por haber conformado el equipo de fiscales para realizar la investigación contra este señor”, insistió, no obstante, Gutiérrez este lunes.
Además, pidió que también se restituya a sus colabores que, afirmó, también fueron apartados del cargo tras la emisión de la orden de aprehensión contra el exmandatario.
"Para mí esto queda con un sabor a nada, porque creo que, por ética y profesionalismo, el señor Lanchipa debería restituir no solo a estos dos fiscales, sino también a la otra fiscal, que es la única fiscal de analista -que inició el proceso-", expresó.
El caso
El juez de garantías constitucionales, Iván Córdoba, ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija e instó a corregir las acciones “irregulares” que desencadenaron su destitución.
Córdoba dejó sin efecto la destitución de Gutiérrez en una audiencia realizada el sábado por la mañana. En la audiencia, calificó a la destitución como un “acto arbitrario”, ejecutado bajo presiones internas del Ministerio Público.
“Deja sin efecto legal la resolución número FGE/AMNMC/DAL/193/2024, de fecha 2 de octubre del año 2024, concediendo la tutela solicitada única y exclusivamente al coaccionado, que responde al nombre de Mauricio Nava Morales, al ser él el suscriptor del documento considerado como quebrantador de derechos y garantías constitucionales”, añadió un vocal, según Unitel.
El 2 de octubre, la entonces Fiscal Departamental de Tarija develó una denuncia por estupro y trata de personas -presentada el 26 de septiembre- en contra de Evo Morales y otras dos personas, quienes serían los padres de la víctima.
La comisión de fiscales, de entonces, con la supervisión de la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales, pero fue revocada por decisión de la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, ante un recurso de acción de libertad presentado por los abogados de Morales alegando vulneración de derechos.
Ese mismo día, desde la Fiscalía General se ordenó la destitución de Gutiérrez y de otros dos fiscales de materia que investigaban a Morales.
Más tarde, la exfiscal departamental denunció que el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, le ordenó dejar el caso y reveló que tiene la grabación de esa conversación en la que se escucharía la voz “exigiéndole que no investigue a Evo Morales” por las denuncias de estupro en su contra.
Lanchipa negó haber ordenado frenar la investigación, asegurando que la destitución de Gutiérrez se produjo porque hubo negligencia en sus acciones.
Actualmente, el caso continúa abierto en la Fiscalía Departamental de Tarija donde se realizan los actuados investigativos correspondientes y la autoridad jurisdiccional declaró la reserva del caso con la finalidad de precautelar los derechos y garantías de la víctima.