Evo Morales cerró una caótica semana marcada por la decisión del Gobierno de Argentina de quitarle la condición de refugiado y la investigación que se sigue en Bolivia por el presunto delito de estupro y trata y tráfico de personas.

La decisión de Argentina

El pasado miércoles, el Gobierno argentina de Javier Milei informó que decidió quitar el estatus de refugiado a Morales, benefició que había obtenido después de verse forzado a renunciar  a la presidencia boliviana, el 2019, envuelto en denuncias de fraude, movilización cívicas, un amotinamiento policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno de Javier Milei, al informar sobre la decisión, a través de un comunicado, afirmó que “de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia”.

En el comunicado, el Gobierno argentino asegura que Morales llegó a ese país tras “huir” de Bolivia “luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral".

Señala que el expresidente boliviano fue recibido con "privilegios injustificados", “pese a las denuncias en su contra como corrupción y fraude electoral” y recuerda que Morales volvió a Bolivia el 2020.

“Desde entonces, ha retomado su liderazgo en la política boliviana, actualmente gobernada por un dirigente de su partido político, y ha viajado libremente a su país de origen. Esto demuestra que no enfrenta los peligros que justifican la protección humanitaria del refugio”, agrega el comunicado.

Y agrega que “el estatus de refugiado es un derecho que debe ser otorgado con seriedad, no como herramienta de convivencia política”.

Al respecto, Morales afirmó que la decisisón busca “distraer” la atención de la “grave crisis económica”, dijo, que se vive en el vecino país.

“El gobierno de Javier Milei, enemigo de los pueblos y de la integración latinoamericana, intenta distraer de la grave crisis económica a la que llevó a la Argentina con un comunicado sobre el refugio que ese hermano país me concedió desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020”, señaló Morales a través de su cuenta en la red social ‘X’.

En ese sentido, el dirigente cocalero agradeció al expresidente argentino, Alberto Fernández, y al “pueblo” del vecino por haberle concedido la condición de refugiado y su “infinita solidaridad” y afirmó que al haber regresado a Bolivia, el 2020, “ya no necesito esa protección”.

“Finalmente, cada insulto que viene de gente como Milei es solo una señal de que estamos por el camino correcto, al lado de nuestros pueblos”, añadió Morales.

Caso estupro

Un día después de conocerse la decisión del Gobierno de Argentina, se conoció que Morales es investigado en Bolivia por el delito de estupro y trata y tráfico de personas. Según la denuncia, el expresidente embarazó a una menor de edad años atrás.

El revuelo sucedió el miércoles en la noche, cuando se conoció que la Fiscalía Departamental de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra de Morales.

Sin embargo, la acción fue frenada por una jueza de Santa Cruz tras una acción de libertad presentada por la defensa del dirigente cocalero.

Tras la revocatoria del mandamiento de aprehensión, Sandra Gutiérrez fue destituida del cargo de Fiscal Departamental de Tarija y acusó a la cabeza del Ministerio Público, Juan Lanchipa, de haber frenado la investigación contra Morales y despedirla por ordenar su arresto.

Lanchipa, un día después, negó lo expresado por Gutiérrez y afirmó que fue despedida por “acciones negligentes”.

La resolución de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales Ayma por trata de personas se refiere al caso de una joven de Tarija que quedó embarazada a sus 15 años debido a supuestas relaciones que mantuvo con el exmandatario y que a sus 16 fue mamá de una niña.

El documento, de cuatro páginas, según información del portal Brújula Digital, detalla los pormenores del caso que involucra a los padres de la entonces menor de edad y a Evo Morales y los acusa por la comisión del delito de trata de personas con agravante.

La joven quedó en gestación en 2015, según se lee en la resolución, y dio a luz en 2016. En 2018, cuando ella tenía 18 años, se procedió en Yacuiba a la emisión de una partida de nacimiento de la hija que habría tenido con Morales.

“No obstante, la fecha de nacimiento de la menor (la bebé) (…) hubiera sido en fecha 8 de febrero del 2016, es decir, cuando la progenitora (…) contaba con sólo 16 años de edad, lo que a su vez significa que en el momento de la misma procreó a la menor (…) con el señor Juan Evo Morales Ayma, era a sus 15 años de edad”, se lee en el documento.

En conferencia de prensa, Morales evitó confirmar si tuvo una hija el 2016 y lanzó una confusa respuesta al respecto.

Visiblemente molesto, Morales cortó al periodista que le preguntó al respecto y le cuestionó “¿yo te pregunté cuántos hijos tienes?”.

Acto seguido, Morales recordó que el presidente del Estado, Luis Arce, señaló en el pasado que “la familia es sagrada”.

“¿Lucho qué dijo? No se metan con la familia, la familia es sagrada”, fue la inquietante respuesta del expresidente.

El caso, aclaró la Fiscalía, sigue abierto y fue declarado en reserva por 10 días, tal y como lo había pedido el presidente Luis Arce.

Entretanto, el Grupo de Puebla emitió un comunicado a favor del expresidente y denunció que las acusaciones forman parte de una “estrategia de lawfare” que entra en una guerra política.

“El Grupo de Puebla expresa su profunda preocupación por la campaña de lawfare que se está comenzando a desarrollar contra el compañero Evo Morales en Bolivia”, señala un comunicado que publicó este bloque. “Hacemos un llamado a estar atentos a esta politización de la justicia ahora que algunas encuestas electorales favorecen ampliamente a Evo Morales”, añade.