El ministro de Justicia, César Siles, afirmó este viernes que la investigación por estupro y trata y tráfico de personas contra el expresidente Evo Morales y otras dos personas está abierto y aclaró que en 2020 fue la Fiscalía y no la Justicia la que rechazó investigar la denuncia.

Fue Morales quien arguyó este viernes en su defensa que el 10 de diciembre de 2020 el Juzgado de Instrucción Tercero en lo Penal de Yacuiba rechazó el caso de estupro agravado y corrupción niña, niño, adolescente’, que tuvo como hechos los mismos que hoy son parte de una investigación, mostrando una “resolución fiscal de rechazo”.

De inicio, Siles explicó que Morales “no distingue entre resolución de rechazo y sentencia”.

“La resolución de rechazo es una actuación del fiscal en el inicio de una investigación” y en ese entonces, cuestionó, “se ha rechazado una investigación que nunca se ha hecho”.

Precisamente “la razón por la que se rechazó el caso de estupro” en Tarija en 2020 fue “porque no se ha hecho ninguna investigación”, por lo que “está abierto, está pendiente de que la víctima pueda a personarse una vez que sea notificada y presente una objeción”, explicó en el programa Asuntos Centrales.

Morales es acusado de haber mantenido una relación en 2015 con una menor de 15 años, de la que nació una niña, en Yacuiba, departamento de Tarija. De acuerdo a una reciente investigación fiscal se tiene el certificado de nacimiento de la menor, donde Morales figura como el padre, y beneficios que recibieron los padres de la víctima.

“En este caso no hay esa sentencia (judicial), lo que hay es otra investigación, por otro delito (trata y tráfico de personas), con otras personas y otras connotaciones que está en pleno proceso de investigación”, insistió en alusión a la investigación abierta por el Fiscalía en medio de denuncias en contra del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa.

La denuncia se presentó el 26 de septiembre en contra de Morales y otras dos personas, que serían los padres de la víctima. La investigación se abrió por estupro y trata y tráfico de personas.

El entonces equipo fiscal, liderado por la exfiscal departamental Sandra Gutiérrez, ordenó la aprehensión de Morales, pero fue revocada por decisión de la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, ante un recurso de acción de libertad presentado por los abogados de Morales alegando vulneración de derechos.

Ese mismo día Lanchipa ordenó la destitución de Gutiérrez y de otros dos fiscales que investigaron el caso. Gutiérrez denunció que Lanchipa le ordenó dejar el caso y reveló que tiene la grabación de esa conversación.

Si bien Lanchipa justificó que hubo negligencia en los actuados de Gutiérrez y los otros ficales en esta investigación, aseguró que el proceso continuará.

En ese marco, el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), se apersonó al proceso y accedió al cuaderno de investigaciones y solicitó las medidas de protección respectivas.

No obstante, aún no se sabe dónde continuará el proceso, si en Tarija, donde se cometieron los hechos, o en Villa Tunari, Chapare, donde la juez Moreno ordenó su traslado.

“Estamos en una total indefinición, esperando que pronto el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse, no solamente para esa notificación pendiente, sino para en el fondo dirimir si esto corresponde ser tramitado en Villa Tunari, que eso dispuso la juez de la acción de libertad o proseguir en Tarija”, explicó.

El fallo judicial a favor de Morales pasó a control del Tribunal Constitucional Plurinacional, que deberá pronunciarse sobre la revocatoria de aprehensión del expresidente y el traslado del caso a Villa Tunari, donde vive el denunciado.