A pesar de la crisis que vive el país debido a los incendios forestales, sobre todo en el oriente, el diputado del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, defendió la existencia de las llamadas “leyes incendiarias” y afirmó que el problema es que no hay mecanismos de control hacia “ciudadanos irresponsables”.

En contacto con la prensa, según un video difundido por la ANF, Arce afirmó que las leyes incendiadas están diseñadas “para viabilizar el aparato productivo del país”. “No estoy en contra de eso”, afirmó.

“El problema es que hay ciudadanos, y responsables que al momento de realizar una quema actúan de manera irresponsable, hay que sancionar a estas personas que realizan quemas no controladas”, afirmó.

Insistió que la ley “está muy bien” pero señaló que “no hay mecanismos de control y sanción a estas personas que provocan estos incendios”.

“Estos señores que afectan al medio ambiente tiene que ser investigados, sancionados, tienen que ir presos (…) la quema esta provocando un daño económico irreversible en el oriente boliviano”, acotó.

El “paquete de leyes incendiarias” está compuesto por las leyes 337, 502, 739 y 952, aprobadas entre 2013 y 2017; las 740 y 741, promulgadas en 2015, y las 1171 y 1098, aprobadas en 2017 y 2018.

La controversia comenzó con la Ley 337, promulgada en 2013 durante el gobierno del expresidente Evo Morales. Esta ley, titulada “De apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”, permitió el desmonte de predios sin la aprobación del Estado hasta 2011. Posteriormente, la Ley 502 de 2014 amplió el plazo para suscribirse al programa de producción de alimentos y estableció sanciones administrativas para pequeñas y medianas propiedades.

En 2015, la Ley 741 permitió el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades comunitarias y pequeñas para actividades agropecuarias, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria. Sin embargo, esta normativa ha sido ampliamente criticada por haber llevado al desmonte de 460.000 hectáreas entre 2015 y 2022, mientras que la superficie de alimentos cultivados solo alcanzó las 40.800 hectáreas. Activistas han pedido la abrogación de esta ley, calificándola de perjudicial para el medio ambiente.

En 2018, la Ley 1098 ordenó la ampliación de cultivos destinados a la producción de alcohol anhídrido y biodiésel. A esta ley le siguió la Ley 1171 de 2019, que perdonó multas por quemas realizadas sin autorización, lo que fue visto como una medida que incentivó aún más las prácticas destructivas.