Este miércoles, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó una Acción Popular contra tres ministros de Estado, tres gobernadores y doce alcaldes, por no haber atendido oportunamente los incendios forestales que actualmente proliferan en el país y que son catalogados por la autoridad como un desastre ecológico.

La autoridad defensorial se apersonó este miércoles por la mañana para presentar la Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ). 

“Nuestra casa se está quemando por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas preventivas necesarias en su oportunidad”, afirmó Callisaya a los medios de comunicación.

Las autoridades citadas con la Acción Popular son: los ministros de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer Rosales; de Salud y Deportes, María Renée Castro Cusicanqui; de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro; los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Mario Aguilera Cirbián; de Beni, José Alejandro Unzueta Shiriqui y de Pando, Regis Germán Richter Alencar; y los alcaldes de los municipios de: San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos, y Puerto Quijarro.

La acción popular presentada por la autoridad defensorial, hace la exposición de una serie de datos sobre incendios forestales que incluye información desde el 2019 y muestra cómo a lo largo de estos años, los focos de calor se han ido incrementando, concluyendo que, “la situación actual es altamente lesiva de derechos y ha desnudado al menos dos elementos: 1) La falta de prevención; 2) La falta de previsión y reacción efectiva frente a una situación como la presente”.

“Tenemos antecedentes de que, en anteriores gestiones ya demostraban la previsibilidad en cuanto a estos sucesos que se están ahora precisamente desarrollando en nuestro país. Es un grave desastre ambiental el que estamos viviendo, por ello estamos planteando esta acción popular con cuatro ejes fundamentales y uno adicional que es también importante”, puntualizó la autoridad defensorial.

En esa línea, el documento puntualiza cinco aspectos relevantes sobre los que se exige acciones concretas: el primero, respecto al derecho al medio ambiente sano vinculado con la salubridad pública, señala de manera concreta que ninguno de los niveles de gobierno ha obrado conforme manda la norma, esto en la medida en la que, si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevenir con alertas tempranas, el escenario actual no sería así de desfavorable.

Los otros cuatro aspectos, refieren a los derechos de la Madre Tierra vinculados con biodiversidad y áreas protegidas, los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NPIOCs) en sus elementos de tierra, territorio y territorialidad; además de la situación del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario y sobre la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.

La acción popular, además, identifica una omisión de las autoridades accionadas que vulnera derechos humanos de la Madre Tierra y sus habitantes.

Según el documento, las autoridades “han omitido cumplir eficientemente sus responsabilidades en diferentes aspectos” como: competencias de los gobiernos autónomos municipales, de los gobiernos autónomos departamentales y la omisión del nivel central del Estado en la protección de la naturaleza y el medio ambiente.

Callisaya adelantó que la Defensoría del Pueblo está aplicando una estrategia de intervención integral, en la cual se impulsa esta Acción Popular como línea de litigio estratégico. Esta será complementada con el lanzamiento de campañas humanitarias en Santa Cruz y en La Paz para la colección de insumos y también una línea de prevención.

Asimismo, el Defensor del Pueblo convocó a la población a sumarse a la presente Acción Popular, afirmando que es la forma de cuidar nuestra casa como parte del respeto a la vida y a la Madre Tierra.