Una vez que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicte sentencia en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y tres de sus excolaboradores por el caso “Petrocontratos”, se activará un proceso civil para lograr un resarcimiento por el daño económico causado, informó el procurador del Estado, César Siles.

El caso fue abierto en 2005 en contra de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge "Tuto" Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales, en 2018.

La acusación se centra en la firma de más de 100 contratos petroleros sin la autorización del Órgano Legislativo entre 1993 y 2005.

Sánchez de Lozada y sus exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar están fuera de Bolivia. Se los acusa por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Legislativo, como mandaban las normas.

Este martes, el proceso ingresó a la fase de alegatos finales, luego “corresponde que el Tribunal comience la deliberación para dictar una sentencia”, explicó Siles en una conferencia de prensa en la capital del Estado, sede del Órgano Judicial.

El procurador espera que sea “una sentencia condenatoria contra Sánchez de Lozada”, quien huyó a Estados Unidos luego de la masacre de octubre de 2003, que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos de bala.

“Una vez emitida la sentencia, que esperemos, reitero, sea condenatoria, comienza la fase de la reparación civil, que también es importante, y lo anunciamos públicamente y lo reiteramos, la Procuraduría General del Estado se va a constituir en parte civil en esta acción reparatoria para exigir el resarcimiento del enorme daño económico causado al Estado”, argumentó Siles.

Con los 107 contratos petroleros firmados sin aval legislativo, se distribuían las regalías y las utilidades de los hidrocarburos como fue en el pasado: el 82% para las empresas transnacionales y únicamente el 18% para el Estado.

“Hay un grave daño económico al Estado, afectación a los intereses del Estado y un anhelo de justicia de todos los bolivianos y bolivianas, especialmente del pueblo alteño que, producto de estos contratos irregulares, ilícitos y hasta delincuenciales, provocó la guerra del gas y la posterior salida del expresidente Sánchez de Lozano”, afirmó.

Para esa fase, se realizará un peritaje que establecerá la cifra del daño económico causado al Estado por la firma de los contratos sin la autorización del Legislativo.

“Es un cálculo ya pericial que hay que hacerlo antes de presentar la demanda reparatoria civil, una vez que la condena adquiere ejecutoria”, precisó.