Juicio contra Sánchez de Lozada por “Petrocontratos” ingresará a la fase de alegatos finales
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que el Tribunal de Juicio de Responsabilidades rechazó una acción de inconstitucionalidad concreta promovida por la Defensa Técnica, recurso que fue calificado como “dilatorio”.
El Juicio de Responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros por el caso denominado “Petrocontratos” ingresará a la fase de los alegatos finales y se espera una sentencia condenatoria.
La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que el Tribunal de Juicio de Responsabilidades rechazó una acción de inconstitucionalidad concreta promovida por la Defensa Técnica, recurso que fue calificado como “dilatorio”.
Ante ello, en el juicio, que será reanudado el próximo martes 3 de septiembre, se “agotará” la prueba testifical de descargo, para “ingresar a la fase de los alegatos finales, previos a la sentencia definitiva”, aseveró la Procuraduría.
En este caso, según la Procuraduría, se busca sentar un “precedente contra la impunidad” y la reparación civil de los daños. Según la denuncia, se favorecieron los intereses de las petroleras en desmedro de los intereses del Estado.
Caso Petrocontratos
El caso fue abierto en 2005 (hace 19 años) en contra de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge "Tuto" Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales, en 2018.
De 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002); y uno en la de Carlos Mesa.
Según la acusación de la Fiscalía, ninguno de los 106 contratos se realizó con la supervisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Congreso Nacional, en su momento.
Sánchez de Lozada y sus exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar están acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Congreso, como mandaban las normas.