Tras un operativo de control la semana pasada, 20 personas fueron detenidas por agio y especulación en la venta de arroz. El Gobierno advirtió con procesos penales por “incremento desmedido de precios sin justificativo”, según el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

“El Gobierno advierte con procesos penales contra los productores arroceros que estarían incrementando el precio sin ningún justificativo en desmedro de las amas de casa que compran este cereal con sobreprecio en los mercados. Hasta el momento 20 personas fueron detenidas y enfrentan posibles penas de hasta 10 años de cárcel por agio y enriquecimiento ilícito”, indica un reporte de esa cartera de Estado.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, informó que, en un operativo en centros de abasto de Sucre, se identificó variaciones en el precio de arroz, lo que “da suficientes elementos para hacer una investigación profunda”.

“Es el consumidor el que se ve afectado, tiene que pagar más y hay un eslabón de la cadena productiva que se está enriqueciendo. Y por todos los elementos que hemos recibido, parece que es el empresario, el productor mayorista que estaría atentando contra la población”, denunció el al viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

Indicó que se recurrirá a la autoridad de empresas o al Ministerio Público para iniciar acciones legales contra estas personas que están delinquiendo y estén atentando contra la población al elevar los precios de los alimentos.

Tales autoridades anunciaron que esta semana se convocará a una reunión con productores y comerciantes para abordar el incremento desmedido de los precios de los productos básicos para la canasta familiar.

Asimismo, se espera la colaboración del Ministerio Público para implementar las acciones legales pertinentes y evitar que continúe el abuso económico contra la población.

Silva recordó que el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando logra decomisar grandes cantidades de productos bolivianos destinados a Perú y Brasil debido a que algunos productores están priorizando el contrabando debido a los mayores pagos que reciben en el mercado internacional.

Para combatir esta situación, se conformó un equipo multidisciplinario encargado de controlar precios en fronteras, asegurar el abastecimiento en mercados y luchar contra el contrabando, de acuerdo con un reporte institucional.