El Ministerio Público imputó formalmente al ex general del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado por el intento fallido de dar un Golpe de Estado el pasado miércoles

Junto a Zúñiga, también fueron imputados el excomandante de la Armada, Juan Arnez Salvador; y el excomandante de la División Mecanizada, Edison Irahola.

La Fiscalía, en su imputación, solicitó que cumplan detención preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz por el lapso de seis meses.

La Fiscalía establece que hay peligro de fuga y obstaculización de parte de los tres imputados. Sobre el primero sustenta que “los imputados no se someterán al proceso, buscando evadir la acción de la justicia, habiendo realizado una evaluación integral de las circunstancias existentes.

Un reporte emitido el 27 de junio de 2024 reportó que Zúñiga realizó viajes recientes a Chile, Perú y EEUU; Arnez Salvador, a Colombia, Brasil, Perú y Argentina. Irahola Caero, a Venezuela, Perú, Brasil y Argentina. “Esta información demuestra que los mismos tienen facilidades para abandonar el país, concurriendo este riesgo procesal”, se lee en el texto.

“Además, tómese en cuenta que el Estado Boliviano es un país colindante con países vecinos (Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú) de los cuales cualquier ciudadano de nacionalidad boliviana con documento de Cédula de Identidad puede ingresar a los referidos países que están suscritos al Mercosur, este aspecto si bien puede considerarse subjetivo, sin embargo, en el fondo genera una posibilidad latente por lo que demuestra el riesgo de fuga que puedan tener los imputados”, acota.

Según el Código Penal, transcrito en la imputación, el delito de terrorismo establece que “el que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentare contra la seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de Jefes de Estado extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidas en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales hechos punibles”.

Entretanto que el delito de Alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado es cometido por “Los que se alzaren en armas con el fin de cambiar la Constitución Política o la forma de gobierno establecida en ella, deponer algunos de los poderes públicos del gobierno nacional o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su renovación en sus términos legales, serán sancionados con privación de libertad de cinco (5) a quince (15) años. (…)”.

El pasado miércoles, Zúñiga lideró un intento de Golpe de Estado el pasado miércoles, mismo que, según sus propias declaraciones, fracasó debido a que no recibió el apoyo de la Fuerza Área Boliviana (FAB), de la Armada y del regimiento de Viacha.

Además, luego se supo que Zúñiga también buscó el apoyo de la Policía boliviana, pero el comandante general de la institución verde olivo, Álvaro José Álvarez, se negó a participar.

El intento golpista, como lo denomina el Gobierno, fracasó después de que el presidente del Estado, Luis Arce, cambiara al alto mando militar y el nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas, José Wilson Sánchez, ordenara el repliegue de las unidades del ejército desplegadas en Plaza Murillo.

Hasta el momento, suman 21 los militares aprehendidos por los hechos del pasado miércoles, incluso el general de la Fuerza Aérea, Marcelo Javier Zegarra, quien fue capturado en las últimas horas.

// Con información de Cadena A y El Deber