La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que actualmente interviene en 287 casos y prioriza 30 de ellos por su relevancia social y nivel de trascendencia en defensa legal del Estado.

“De los 570 informes que hemos emitido, se concluye que únicamente merecen que la Procuraduría siga siendo parte en 287 casos (…). Estamos hablando que son casi 300 casos en los que la Procuraduría ya no debería haber intervenido o debería haber migrado a la supervisión o seguimiento”, informó el procurador Cesar Siles, en conferencia de prensa.

Explicó que, hasta el 6 de septiembre de 2023, se registraba la intervención en 570 casos, recientemente se adicionaron otros 52, sumando en total 622 procesos. Se realizó una evaluación para determinar si correspondía o no su apersonamiento.

Entre las razones para dejar de intervenir, señaló que muchos de estos casos ya tenían la representación del Estado como el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia u otras instituciones.

Además, que no llegaban ni a los Bs 7 millones de afectación al Estado, o que los casos no se vinculaban con temas de corrupción o se trataban de un conflicto entre particulares.

“La Procuraduría únicamente asume procesos en los que están comprometidos los intereses del Estado, no de particulares (…). Los informes concluyen que en 287 procesos vamos a continuar en la representación”, remarcó.

Siles aseveró que se tomó esta determinación para optimizar el trabajo y que este sea de calidad.

“No podemos apersonarnos en todos los procesos en Bolivia, también tenemos que priorizar procesos en los cuales las unidades jurídicas tienen que cumplir su trabajo”, añadió.

Esta nueva determinación permitiría que la Procuraduría se apersone en casos en defensa de la Madre Tierra y afectación al Medio Ambiente, delitos ambientales, violación a los derechos humanos o casos que reporten una afectación al Estado mayor a los Bs 7 millones, entre otros.

Aseveró que todos los casos son importantes; sin embargo, se determinó la política de priorizar 30 procesos por la trascendencia mediática y por la defensa de los intereses del Estado.

“La intervención en cada uno de esos casos tiene un criterio objetivo, todos son importantes a nivel nacional (…). Tenemos una lista de 30 procesos priorizados (…) el procurador, el subprocurador y el director estarán en permanente contacto con los abogados para impulsar esos procesos para llegar al resultado por la trascendencia que tienen”, indicó.