El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dejó en manos de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, presididas por los senadores “evistas” Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente, la continuidad de la preselección de los candidatos rumbo a las elecciones judiciales.

“Nosotros desde el principio indicamos que tiene que proseguir las elecciones judiciales. Hay un dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional y las comisiones mixtas deben analizar y proceder, eso dejamos a las comisiones mixtas”, consideró Huaytari.

Recordó que la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional instó a las comisiones Mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional a “retomar dicho proceso de preselección”, garantizando la participación de las mujeres y representantes de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos.

No obstante, hasta el momento los senadores Rejas y Padilla no emitieron convocatoria a sesión de las comisiones.

Sin embargo, los legisladores que responden a Evo Morales decidieron acudir a tribunales para que se obligue a tratar en el Legislativo los proyectos de ley contra la prórroga de mandato de máximas autoridades judiciales, mientras la opositora Comunidad Ciudadana (CC) demandó una ley para reactivar la preselección.

Los legisladores del ala evista del MAS, Lucy Escobar y William Torrez, presentaron en las últimas horas en la Sala Constitucional Primera de Cochabamba una acción de cumplimiento en contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, con el fin de que convoque a sesión para tratar y aprobar los proyectos de ley antiprórroga 073 y 075.

Adicionalmente instalaron una huelga de hambre.

Se trata del segundo intento de los senadores “evistas” para que se agende estos dos proyectos que buscan cesar de sus mandatos a los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, y suspender los plazos procesales de todas las causas.

La primer Acción de Cumplimiento, presentada en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue retirada, porque la sala que debía resolverla estaba integrada por Israel Campero, una autoridad judicial cuestionada.

Paralelamente el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez convocó a una reunión a Choquehuanca, Huaytari y a las fuerzas políticas para encauzar las elecciones judiciales, al margen de la decisión del TCP.

Huaytari informó que se encuentra en semana regional, por lo que una eventual invitación deberá ser respondida por la presidenta en funciones de la Cámara de Diputados, Verónica Challco.

El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana Alberto Astorga desahució el encuentro que está programado para este martes en horas de la tarde. Dijo que las comisiones mixtas deberían retomar el trabajo de preselección y las pruebas orales a los más de 400 aspirantes.

En tanto, la senadora de la misma fuerza política Andrea Barrientos dijo que “no existe una ruta crítica adecuada para continuar con el proceso”, por lo que es necesario una nueva ley que fije los plazos.

“Para Comunidad Ciudadana debe haber un llamado a Asamblea, se tiene que extender, a través de una ley corta, el mandato de las comisiones y los plazos establecidos. Sí o sí debe haber una convocatoria a Asamblea, sí o sí tenemos que aprobar una ley corta y hay que postergar las primarias”, insistió.

El jueves se conoció que el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió revocar el fallo de la Sala Constitucional de Pando que había suspendido las elecciones judiciales y ordenó que se continúa con el proceso para elegir a los nuevos magistrados y consejeros del Órgano Judicial.

“La resolución resuelve: Revocar en todo la resolución 004/2024 del 30 de abril, cursante de fojas 475 a 493, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y en consecuencia denegar la tutela solicitada”, indica la decisión firmada por las magistradas Karem Gallardo y Celia Vargas

No obstante, el TCP también exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a hacer cumplir los principios de paridad de género y que garantice el derecho constitucional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a participar en procesos electorales.

La suspensión del proceso de preselección de cara a las elecciones judiciales se dio cuando se encontraba en la etapa de evaluaciones, la última antes de que la lista de habilitados pase al pleno de la ALP para que se elija a los candidatos que irían a votación popular.