El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó hoy que se dispuso que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz inicié una investigación de oficio por la orden de aprehensión falsa que circuló en redes sociales en contra de los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia de Santa Cruz, quienes analizan el pedido de cesación a la detención preventiva de Misael Nallar.

“La información se generó a través  de las redes sociales y no  a través de una fuente oficial como es el Ministerio Público, nosotros no hemos desplegado ninguna actividad investigativa relacionada o en contra de esas autoridades judiciales, ese mandamiento de aprehensión supuestamente liberado por un  Fiscal del departamento de La Paz no es evidente. Se ha dispuesto que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de inicio de la investigación para dar con los autores que han generado esta desinformación”, dijo Lanchiapa.

La primera autoridad del Ministerio Público indicó que la investigación se inició de oficio en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, contra presuntos autores, para poder investigar quienes realizaron y filtraron la  orden de aprehensión falsa que fue emitida en redes sociales y generó desinformación en la población e incluso  incertidumbre en las autoridades judiciales que ven el caso de Misael Nallar. 

Por otra parte, el Fiscal General del Estado, indicó desconocer el trabajo que realizaban los efectivos policiales que se encontraban en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz, durante la  audiencia de cesación a la detención preventiva de Misael Nallar, que fue suspendida para este  jueves 23 de  mayo.

En este caso, Misael Nallar Viveros, su hermano Widen N.N., y Jassir G.M., son acusados por el triple asesinato de dos policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil de la Policía (Gacip), ocurrido el 21 de junio de 2022, en el municipio cruceño de Porongo.

En la acusación formal, emitida el 5 de junio de 2023, la Fiscalía solicitó para los tres implicados la pena de 30 años de prisión por el delito de asesinato. Otro de los involucrados en el caso es Edgar D.M., sin embargo, fue declarado rebelde ante la justicia y se emitió una notificación roja internacional ante la Interpol para dar con su paradero.

De acuerdo con la relación de los hechos, la tarde del 21 de junio de 2022, los dos efectivos policiales Alfonzo Chávez y Eustaquio Alanes, y el voluntario del Gacip, David Candia fueron abatidos a tiros en la zona del Urubó luego de una intervención que hicieron al grupo de personas donde se encontraba Nallar consumiendo bebidas alcohólicas junto con otras personas.

Un día después fueron aprehendidos y actualmente el principal autor de los hechos se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro en el municipio de Viacha, La Paz.

A pesar que los familiares de los policías y el voluntario del Gacip hayan desistido de continuar con el caso, “de manera libre y voluntaria”, la Fiscalía decidió continuar con la investigación de oficio.