La Corte Suprema de Brasil anuló este martes 21 de mayo las decisiones del Décimo Tercero Tribunal Federal de Curitiba que condenó a Marcelo Odebrecht por corrupción en el caso 'Lava Jato', según fuentes oficiales.

Esta orden fue emitida por José Antonio Días Tofolli, quien también ordenó la suspensión de todos los procesos penales abiertos contra el empresario.

La orden del magistrado no abarca las decisiones derivadas del acuerdo firmado por Odebrecht, en el que se declaró culpable y delató a sus cómplices a cambio de beneficios judiciales.

Según Dias Toffoli, algunos miembros de la operación Lava Jato tomaron medidas injustas en la conducción de los procesos contra el empresario, actuando con parcialidad y fuera de su competencia.

La decisión del magistrado se basó en una solicitud de la defensa de Marcelo Odebrecht, argumentando que su caso era similar al de otros imputados en la operación ‘Lava Jato’, a quienes se les anularon casos debido a irregularidades en las investigaciones.

En septiembre del año pasado, el mismo magistrado anuló todas las pruebas obtenidas a través de acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y otros países en el contexto de la operación Lava Jato.

Esta decisión fue tomada en respuesta a una solicitud presentada por la defensa del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que posteriormente fue anulado y que se basaba en parte en pruebas proporcionadas por Odebrecht.

La mayoría de las decisiones anuladas este martes en relación a Marcelo Odebrecht fueron emitidas por el entonces juez Décimo Tercero de Curitiba, Sergio Moro, quien también fue el autor de las condenas contra Lula y más tarde se desempeñó como ministro de Justicia en el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

En Bolivia

El pasado mes de marzo, el fiscal José Rodríguez informó que alrededor de 25 exfuncionarios de Gobierno de Bolivia, de las gestiones entre el 2004 y el 2006,  están siendo  investigados por el caso de presunta corrupción en la adjudicación de carreteras a empresas brasileñas, en el caso conocido como “Lava Jato”.

Los funcionarios investigados corresponden, principalmente, a los gobiernos de Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.

Desde Comunidad Ciudadana, alianza liderada por Carlos Mesa, se denunció que el caso había sido reactivado luego de cinco años, como una represalia de autoridades judiciales por la arremetida contra los magistrados prorrogados.

No obstante, el fiscal Rodríguez aseveró que el caso no se había reactivado, sino se debe entender que es un caso complejo con 25 implicados y hasta 60 cuadernos de investigación.

El caso Lava Jato inició en Bolivia después de que el país fuera involucrado en el informe que presentó la Policía de Federal de Brasil sobre los sobornos que pagó la empresa brasileña Camargo Correa a autoridades del país para adjudicarse la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

Durante el Gobierno de Carlos Mesa se aprobó el decreto supremo para  viabilizar los proyectos carreteros. En el periodo de Rodríguez Veltzé se aprobó el financiamiento y las obras se entregaron en la presidencia de Evo Morales.

En su momento, el 2019, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó un informe en el que recomendaba al Ministerio Público iniciar investigaciones en contra de Carlos Mesa y otras ocho personas. Entre ellas su abogado, exministro y actual diputado, Carlos Alarcón.

Además, también se identificaba como implicados en el caso al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, y los exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC), Jorge Peredo Flores y Luis Humberto Landivar – todos de la gestión de Mesa-; y del también ex ministro - durante la gestión de Edurado Rodríguez Veltzé- Mario Avelino Moreno.

El informe de la ALP señalaba que hay “suficientes indicios” para asegurar que la empresa Camargo Correa sobornó al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales, y al exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Jorge Peredo Flores para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.

Además, señala que también hay indicios para suponer que Odebrecht pagó sobornos al exgerente de Construcción del Servicio Nacional de Caminos, Luis Humberto Landivar.

El documento que fue aprobado por la ALP también detallaba una serie de presuntas irregularidades en el proceso de contratación, como que "los financiamientos brasileños eran condicionados", o que la modalidad de contratación "llave en mano", fue incorporada en el ordenamiento jurídico con el decreto supremo 27328 del 31 de enero de 2003, en la gestión de Mesa.

El fiscal del caso indicó que se analizará incluir como investigado a Carlos Mesa, además se sopesará si se convoca a declarar a Rodríguez Veltzé.