En una conferencia conjunta con el Pacto de Unidad, el presidente del Estado, Luis Arce, anunció este martes la abrogación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales para evitar que la norma sea usada como una excusa para “convulsionar” el país.

“En esta amplitud que nos ha caracterizado como gobierno nacional, hemos atendido además la solicitud de las organizaciones sociales, y hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos queremos es que se utilice este tipo de herramientas para fines políticos personales”, aseveró el Jefe de Estado.

Arce, en ese sentido, afirmó que el 5143 era un “buen decreto” que fue elaborado, dijo, “con las mejores intenciones para garantizar la propiedad privada de la población”.

“Lo hemos mostrado con creces que vamos a respetar esa propiedad privada y lo que más bien queríamos hacer es protegerla de la lo que hoy tiene grandes vulnerabilidades”, señaló.

El Presidente del Estado, asimismo, alertó que en el país está en marcha un plan de desestabilización y convulsión que se ejecutaría en las próximas semanas y reiteró que se buscaba usar el Decreto como una excusa para tomar esas acciones.

La decisión se dio a conocer luego que el mandatario haya sostenido una reunión con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, y representantes del Pacto de Unidad en Casa Grande del Pueblo.

Precisamente el Ministro de Justicia también tomó la palabra y afirmó que el Decreto únicamente buscaba transparentar Derechos Reales y también la agilización de los trámites en esa instancia.

Aseveró que la norma fue consensuada con los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país más El Alto y reiteró que la norma no atentaba contra la propiedad privada, puesto ese derecho está resguardado por la propia Constitución Política del Estado.

El Decreto Supremo 5143 fue emitido el pasado 10 de abril y semanas después empezaron a surgir una serie de cuestionamientos en medio de versiones de que se estaría atentando contra la propiedad privada, principalmente, por la “intromisión” de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Incluso, algunas organizaciones sociales, como los gremiales, salieron a protestar a las calles y en una reunión realizada el lunes en Tarija dieron 72 horas al Gobierno para abrogar el cuestionado decreto, que ya estaba paralizado por recursos judiciales presentados en el Tribunal Constitucional.