La bancada del MAS-IPSP presentó en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto y suspensión de la aplicación del Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, informó el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui.

“El recurso abstracto que se ha presentado este jueves en horas de la mañana está solicitando que se tenga que someter a un test de constitucionalidad el proceso mediante el cual se ha aprobado dicho decreto supremo. Alternativamente se ha solicitado la medida cautelar que va a permitir que se puedan paralizar los efectos jurídicos de este referido decreto”, explicó.

Aprobada en gabinete de ministros el 10 de abril, el contenido de la norma fue cuestionada por parte de seguidores del expresidente Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Ambos bloques coincidieron en el discurso de que el decreto busca “revertir” las casas a favor del Estado, cuando la Constitución garantiza el derecho propietario.

Además, observaron que se emita un decreto para definir el trabajo de Derechos Reales y no una ley, por lo que pusieron en duda su constitucionalidad. Sin embargo, la Ley de 15 de noviembre de 1887, de Inscripción de Derechos Reales cuenta con un decreto reglamentario aprobado en 2004, en el gobierno del expresidente Carlos Mesa.

En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto busca que el TCP “examine” si el decreto “fue creado conforme al procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico”, cuya validez general se asienta en la Constitución, y si es compatible con las actuales leyes.

Al defender la legalidad del decreto, Jauregui negó que afecte el derecho a la propiedad privada, por el contrario, aclaró, apunta a sistematizar el trámite ya existente del registro de Derechos Reales.

Actores políticos del “evismo” y de la oposición activaron un “ataque despiadado de desinformación” sobre el decreto, con el fin de causar “zozobra y temor en la población respecto a la supuesta afectación a su derecho fundamental a la propiedad privada”, cuestionó el legislador.

Justamente para responder a ese accionar, la acción presentada solicita al TCP que al momento de la admisión del recurso abstracto se dicte medidas cautelares que paralicen la aplicación del decreto.

De acuerdo con el diputado, la comisión de admisión del TCP debe definir en un plazo de 48 horas si acepta o rechaza el recurso, y si lo acepta, adoptar la medida cautelar que paralizará la aplicación del decreto que tiene el objetivo de acabar con las “mafias en Derechos Reales”, trasparentar y modernizar su servicio y garantizar la propiedad privada.

Sobre la norma, el pasado martes, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el Decreto Supremo 5143 busca transparentar los recursos que recibe Derechos Reales, además de simplificar y agilizar los trámites que realiza la población, y negó que se atente contra el derecho a la propiedad privada en el país.

Afirmó que, en primer lugar, el Decreto busca utilizar la tecnología para simplificar los trámites que realiza la ciudadanía sobre sus propiedades privadas.

“El objetivo es la simplificación de los tramites, con menos tiempo, costo, con ayuda de la tecnología”, afirmó.

En segundo lugar, el Ministro de Justicia afirmó que la Ley busca que todos los pagos que haga la población a Derechos Reales se haga a través de los bancos y no directamente en las cajas de esa entidad.

“El segundo objetivo es que todos los pagos a derechos reales vayan por los bancos, los más de 600 millones de bolivianos que entregan los bolivianos a Derechos Reales se entregue por bancos”, afirmó.

Señaló que así se podrá transparentar la cantidad de dinero que recibe Derechos Reales ya que, afirmó no hay certeza si los depósitos superan, y por cuánto, los 600 millones de bolivianos.

“No hay control del dinero que se recibe en Derechos Reales. (El Decreto) Busca transparencia, que se entregue los recursos en los bancos, son sistemas informático, seguros y transparencia, queremos que haya transparencia”, sentenció.

Finalmente, señaló que  el Decreto establece que Derechos Reales queda en poder del Consejo de la Magistratura y es esa instancia la que designa a su director, con lo que negó que vaya a ser controlado por algún ministerio.