En un acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo y bajo la premisa de que “lo ajeno no se toca”, el presidente del Estado, Luis Arce, y el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, presentaron este jueves la Ley con la que se pretende castigar con hasta 7 años de cárcel los delitos de robo flagrante a través de un proceso sumarísimo que se resolvería en 24 horas.

“Hoy en Casa Grande del Pueblo presentamos el proyecto de ley "Lo ajeno no se toca", que es el resultado de un arduo trabajo de nuestro Ministerio de Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana del pueblo boliviano. Esta norma permitirá sancionar de manera oportuna esos delitos de robo, en los que muchas veces se identifica al delincuente por videos de cámaras de seguridad pero, lamentablemente, con la actual legislación no pueden ser encarcelados. De lo que se trata es de que combatamos la impunidad”, afirmó el Presidente del Estado a través de un mensaje en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

El Proyecto de Ley, que será derivado a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, crea el tipo penal de “Apoderamiento Flagrante de Cosa Ajena”, con la siguiente definición:

“El que legítimamente se apoderare, sustrajere o tomare, semoviente, joyas, dinero, valores minerales o energía, objeto, cosa, mueble sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas u otros medios o de cualquier otra forma se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la Policía Boliviana o por particular, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, testigos y entrevistas policiales será sancionado con una pena de presidio de siete años sin derecho a indulto”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que el nuevo tipo penal propuesto incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional son dos años, es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve años.

“Quienes tengan una situación migratoria irregular en el país y cometan ese tipo de delitos, van a tener una agravante”, indicó la autoridad.

El Ministro, asimismo, explicó que cuando una persona sea encontrada en flagrancia cometiendo este nuevo tipo penal podrá ser detenida por la policía, por ciudadanos o incluso por un particular. Además, se tomarán como pruebas las imágenes grabadas en cámaras de seguridad y vigilancia.

El investigador la Policía emitirá un informe de acción directa en el que indicará que esta se realizó en el marco del nuevo procedimiento denominado “sumarísimo penal”.

Esto permitirá, explicó, que los fiscales no emitan una imputación sino que directamente presenten una acusación penal en contra de las personas atrapadas en flagrancia.

La autoridad de Gobierno explicó que la Ley se elaboró por la cantidad de robos reportadas ante la Policía y las deficiencias penales para castigar ese tipo de hechos, pues los capturados, muchas veces, se someten a procesos abreviados y solo reciben penas de dos o tres años.

“De nada está sirviendo el trabajo de la Policía Boliviana si meses más tarde los delincuentes nuevamente recobran su libertad. Eso significa que el ordenamiento jurídico nacional vigente ya no está funcionando y hay que adecuarlo a nuestra realidad”, lamentó Del Castillo.

En ese sentido, el Presidente del Estado exhortó a la Asamblea Legislativa a aprobar la Ley  “lo antes posible”.

“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a anteponer los intereses y la seguridad del pueblo boliviano, sobre cualquier interés personal o de grupo, y aprobar lo antes posible este Proyecto de Ley”, concluyó.