La Paz, 30 de enero (Oxígeno).- La fiscal departamental de Potosí, Willma Blazz Ibáñez, informó este viernes que el Juzgado de Instrucción Penal y Cautelar segundo de la capital, dictó sentencia condenatoria, en procedimiento abreviado, en contra de Juan Sahonero Bedoya, imponiéndole la pena de dos años de presidio, por los delitos de contribuciones, ventajas ilegítimas y coacción, por pretender beneficiarse en una investigación, argumentando ser familiar del presidente Evo Morales y amigo del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.

Por su parte, Guerrero explicó que no se permitirá que personas se hagan pasar por familiar o amigo de alguna autoridad y que se tomarán acciones inmediatas como la aprehensión y el procesamiento, tomando en cuenta la línea institucional que tiene el Ministerio Público de transparencia, objetividad y búsqueda de la verdad material de los hechos.

Blazz destacó que el trabajo realizado por Ministerio Público para sancionar dicho hecho delictivo, ya que después de haber tenido conocimiento del hecho, por instrucciones del Fiscal General se procedió a la aprehensión del ahora sentenciado y el Fiscal de Materia, asignado a la Unidad de Flagrancia, recabó todos los elementos suficientes para sustentar el hecho y conseguir que la autoridad jurisdiccional dicte dicha sentencia.

“En estos momentos que se cuestiona la administración de justicia, el Ministerio Público está demostrando que se está cumpliendo con los principios de probidad, responsabilidad, equidad y otros, toda vez que hoy es un día importante, no sólo para Potosí, sino para toda Bolivia, porque se ha creado un precedente para que las personas no hagan uso indebido de influencias, levantando los nombres de nuestras máximas autoridades o de cualquier autoridad”, sostuvo.

La Fiscal advirtió que procederá de la misma manera contra personas que comentan para aquellas personas que se atrevan a actuar de la misma forma, puesto que no tiene que existir ningún tipo de injerencia ni favoritismo dentro de la institución.

Indicó que una vez más se demuestra el principio de celeridad con una aplicación de una justicia pronta y oportuna, reafirmándose el compromiso de gestión para recuperar la confianza de la sociedad.

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