La Federación de Interculturales de San Julián y la Federación de Guarayos, a través de una resolución, decidieron dar 48 horas a los empresarios asentados en el sector de Las Londras para que abandonen esas tierras, de no hacerlo entrarán a desalojarlos y amenazan con bloqueo de carreteras.

“Como primera medida saldremos a las carreteras a bloquear de manera indefinida hasta que esos matones estén tras las rejas. Segunda medida, expulsaremos a todos los empresarios, terratenientes asentados en el sector Las Londras”, advirtieron.

El representante de Guarayos, en esa línea, advirtió que “vamos a hacer cumplir la resolución y vamos a entrar nosotros a desalojarlos y nosotros no los vamos a desalojar como a perros y a tiros, vamos a entrar en marcha pacífica y todo el pueblo se va a levantar”.

Entretanto, Tito Flores Condori, dirigente de la Federación de Comunidades Interculturales San Julián Norte y comunidades afiliadas a la central Pailitas, en rueda de prensa brindada la noche del martes, dijo que, en la pugna por tierras fiscales, vivieron momentos difíciles en la provincia Guarayos, donde "nuestra gente fue masacrada en la zona conocida como Las Londras, quitaron la vida de nuestros hijos. El joven Félix Rivera fue asesinado con 4 tiros, mientras que otros resultaron heridos".

En tal sentido, indicó que se aprobó la Resolución 11/2023, que condena  la masacre ocurrida en el predio Las Londras, en la comunidad 24 de Septiembre, por parte de "matones de empresarios, de grupos vendidos y de terratenientes que lanzaron balas sin piedad contra nuestros hijos, el 2 de diciembre, dejando más de 12 heridos de gravedad de bala y un fallecido".

Más adelante, la resolución indica que estos empresarios tienen 48 horas para retirarse de las tierras fiscales en pugna (Las Londras), por lo que deben retirar su maquinaria, "porque son un cáncer en la sociedad y causan luto. (...) El campesino siempre ha conseguido, cada centímetro de sus tierras, con lucha, pero los terratenientes acaparan las tierras, desmontan y siembran en tierras fiscales".

Asimismo, se exige al Ministerio de Gobierno la aprehensión de los presuntos responsables de la muerte del joven intercultural, mencionó en su voto resolutivo a Álvaro Tomás Barbery de la empresa Santa María; de la propiedad de los seis hermanos Molina, Hugo, José, René y Eloisa.

Además, a Alfredo Suárez, Mario Zapata, Ronald Brito, Wilfredo Santos, Erik Fuentes, María Lisandra Vargas, Jesús Suárez, entre otros. Asimismo, señalaron a Hugo Borja como “traficante de tierras”.

Al respecto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, manifestó que la persona que amenaza de muerte a los empresarios fue identificado como Nicolás Ramírez Taboada, comunario de San Julián, a quien señaló que sus declaraciones son una instigación al delito.

“Ya la Policía Boliviana puso en conocimiento del Ministerio Público estas aseveraciones que, indudablemente, son absolutamente debatibles”, afirmó en conferencia de prensa.

Señaló que las tierras en cuestión son reservas fiscales y, por lo tanto, no se puede distribuir hasta que haya una ley que permita la reversión para su dotación. Por lo tanto, no se puede sembrar, explotar o utilizar por aquella prohibición mencionada.

// Con información de El Deber y la ANF