A días de cumplirse el plazo, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revisan el proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta que paralizó, desde abril, los preparativos para las elecciones judiciales que, por mandato constitucional, deben efectuarse este año.

La magistrada del TCP, Karem Gallardo, explicó que, a diferencia de otros recursos, al ser una a acción de inconstitucionalidad abstracta la sentencia tiene que ser revisada por los nueve magistrados, por lo que se tiene un plazo de hasta 45 días.

“No es que estemos esperando al final (del plazo, que es a inicios de agosto) sino que, realmente, estamos siendo responsables, revisando el proyecto que nos ha pasado el magistrado relator. Y vuelvo a reiterarles, nosotros estamos acelerando todo lo que se puede, pero hay situaciones que no son posibles adelantar”, alegó en declaraciones a Radio Kawsachun Coca.

Afirmó que se cumplirá el plazo que otorga el procedimiento constitucional y que fenece a inicios de agosto, “pero, además, se sacará una sentencia que dé respuesta a las preocupaciones de las partes, para empezar, y del país en su conjunto”.

Descartó la posibilidad de que las elecciones judiciales estén en riesgo. “Si depende del Tribunal Constitucional (las elecciones), no, nosotros vamos a hacer lo que nos dice la Constitución, la Constitución nos ha dado el mandato de hacerla cumplir y respetarla y vamos a hacer eso”, enfatizó.

El miércoles, la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) y exmagistrada Silvia Salame reveló que desde hace 10 días el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tiene listo el fallo sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta, pero aguarda -aseguró- hasta el último día del plazo, el 2 de agosto, para darlo a conocer.

“Extraoficialmente nos han indicado que hace más de 10 días que el fallo está listo, incluso nos han comentado cómo iría a ser, lo que no podemos nosotros ni mencionar por responsabilidad con el país”, afirmó la también exmagistrada del Tribunal Constitucional (2003-2009) en declaraciones a la prensa en La Paz.

La acción de inconstitucionalidad abstracta fue presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, el 24 de abril. Luego de admitir el recurso, el TCP emitió una medida cautelar paralizando la labor de preselección de candidaturas que está a cargo de la Asamblea Legislativa.

En su petitorio, el legislador opositor alegó que corresponde una ley para este proceso de preselección de candidatos, como sucedió el 2017. Además, solicitó la aprobación por dos tercios de todas las fases del trabajo para la preselección de candidatos judiciales.

De acuerdo con el procedimiento, el TCP tendría hasta el 2 de agosto para emitir la sentencia, con lo que la preselección de candidatos judiciales tendrá que retomarse en función al contenido del fallo.

Mientras tanto el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) solicitó que el Legislativo le entregue hasta el 4 de septiembre la lista de candidatos preseleccionados para garantizar las elecciones judiciales el 3 de diciembre y la posesión de las nuevas autoridades el 2 de enero de 2024.

De cumplirse los plazos, el 4 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocará a las elecciones, “respetando el plazo mínimo de 90 días que debe existir entre la convocatoria y la fecha de elecciones, como establece la Ley 026 del Régimen Electoral en el parágrafo I de su artículo 94”.

Con el cronograma fijado por el OEP, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce, explicó que esta instancia sólo tendrá un plazo de 30 días para cumplir con el proceso de preselección de los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.