El Gobierno boliviano, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que en el país “no está en duda que en 2019 hubo una interrupción de la democracia con un golpe de Estado, que derivó en la toma del poder por parte de un gobierno de facto, masacres, persecución y cientos de detenidos sin respetar sus derechos”.

“Aquí ha existido un golpe de Estado y eso no está en duda”, insistió y aclaró que su posición no responde a las versiones que circulan en sentido de que el expresidente Evo Morales hubiera solicitado en 2019 a sectores sociales que pidan su renuncia.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Andrés Flores, y la legisladora de la misma organización política, Deysi Choque, revelaron el martes que Morales instruyó a la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad pedir su renuncia en la crisis política de 2019.

Sectores de la oposición política, entre ellos el encarcelado gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y la expresidenta Jeanine Áñez se apoyaron en las revelaciones de los legisladores para asegurar que en 2019 no hubo un golpe de Estado y exigieron su liberación. Al respecto, Alcón aseguró que en Bolivia hubo un golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional.

“Creo que no tenemos que perder el horizonte, lo que ha ocurrido en nuestro país es un golpe de Estado”, afirmó y consideró que “no se puede ocultar” todos los hechos ocurridos antes, durante y después de la dimisión de Morales.

Camacho estuvo al frente de la violenta movilización cívico-política que exigía su renuncia, a la que se sumó el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión. Después se supo, de voz del mismo excívico Camacho, que su padre, José Luis, “arregló” con militares y policías para que le quiten a Morales el respaldo institucional y aceleren su caída.

Áñez, con respaldo del movimiento cívico-político, tomó el poder, después de declararse presidenta del Senado y autoproclamarse Presidenta del Estado, en una sesión legislativa sin quórum, según definió la justicia. Justamente por ese hecho tiene una sentencia de 10 años, porque  no respetó las normas de la sucesión constitucional.

“Lo que no se puede ocultar es que aquí se ha tenido 36 muertos, que no se ha respetado la sucesión constitucional y la normativa vigente, a partir de esa autoproclamación (de Áñez)”, afirmó  Alcón y recordó que en el gobierno de Añez se dieron las masacres de Sacaba y Senkata, donde policías y militares intervinieron protestas con el saldo de más de 30 muertos y decenas de heridos por impactos de bala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigó en Bolivia lo ocurrido antes, durante y después de la dimisión de Morales y concluyó que hubo graves violaciones de derechos humanos.

“Lo que dice el GIEI es también memoria, verdad, justicia y reparación, así que no podría estar en duda (el golpe de Estado). Lo que tenemos que hacer es, precisamente, trabajar en aquello, el país está buscando justicia”, aseguró en una conferencia de prensa.

“Aquí lo que ha ocurrido es una interrupción del proceso democrático, del orden constitucional y ha desencadenado en todo lo que hemos vivido”, reiteró la Viceministra de Comunicación en respuesta al discurso de “autogolpe” que maneja la oposición.

En ese sentido, el propio Jefe de la Bancada del MAS en Diputados, ratificó que Morales instruyó a la COB pedir su renuncia; sin embargo, señaló que esa fue una “salida política” y no un “autogolpe”.

“No digo que es un autogolpe, ha habido el Golpe de Estado. Era una salida política del MAS para esa problemática (…) Dejemos de decir que ha sido autogolpe, de ninguna manera”, aseveró.

Afirmó que lo acontecido tras el 10 de noviembre, entre ellos las masacres de Sacaba y Senkata, son responsabilidad de Jeanine Añez y Fernando Camacho.

“Tiene que continuar el proceso que está en manos de la justicia”, acotó.