La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre la situación en Perú y apuntó a los agentes del Estado  por su presunta responsabilidad en "múltiples" muertes de civiles. Además, pide a la justicia peruana "investigar, juzgar y sancionar" a los responsables.

La respuesta de los efectivos de seguridad "no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos", señaló la CIDH. En ese sentido, detalló lo ocurrido en la ciudad de Ayacucho (sur), donde murieron diez manifestantes, ocho de ellos durante el intento de toma del aeropuerto local el 15 de diciembre.

"Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, (las muertes) podrían calificarse como una masacre", señaló la Comisión. Según la CIDH, "al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales".

"Perdigones en la parte superior del cuerpo"

Las víctimas recibieron "impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo". También cayeron o resultaron heridas personas ajenas a las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre, tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo (julio de 2021-diciembre de 2022) por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas de afines a Castillo que exigían su renuncia y elecciones anticipadas. Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio. En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte, de 60 años, y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves".

Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta que finalice su mandato, en julio de 2026.

Boluarte rechaza el informe

Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, negó este miércoles que durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país los últimos meses se produjeran "ejecuciones extrajudiciales" y una "masacre", tal y como señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe.

"Como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aun viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas", indicó la presidenta junto al gabinete ministerial.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, la CIDH afirma que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo "estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza".

Asimismo, denuncia que en la ciudad andina de Ayacucho hubo casos de "ejecuciones extrajudiciales" que "habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos".

Boluarte explicó que las muertes ocurridas en las protestas se están investigando en los organismos judiciales correspondientes y que es "importante" que estas pesquisas avancen con celeridad para encontrar responsabilidades.

Y defendió a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP), de las que dijo que "siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad".

"El informe general usa siempre las condicionales, los de la Comisión estuvieron dos días y tres días, en cinco días no creo que hayan podido llegar a conclusiones, por eso hablan en condicional", dijo en relación a las visitas al país que dicha institución realizó en diciembre y en enero pasados.

En este sentido, el primer ministro peruano, Alberto Otárola, señaló que "no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú".

La presidenta negó que haya existido racismo durante la represión de las protestas como indica el informe y afirmó que en su Gobierno "no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole", en relación a varias expresiones de miembros del Ejecutivo durante estos meses que organizaciones de derechos humanos han criticado.

"Desde que asumimos el Gobierno, no ha habido ningún discurso de polarización entre unos y otros, menos de división. Siempre hemos llamado a la unidad, a la paz, al diálogo", añadió.

Dina Boluarte saludó que el documento de la CIDH sea firme al condenar el golpe de Estado llevado a cabo por el entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y el reconocimiento del organismo regional a la rápida respuesta de las instituciones peruanas para preservar el orden constitucional y el estado de derecho en dicha fecha.

Recalcó que el Estado respeta los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que son para el Gobierno "pilares fundamentales" y que por este motivo nada más comenzar las protestas en diciembre de 2022 invitaron a la CIDH al país para que evaluara la situación.

"El informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado", indicó Otárola al señala que este no es "una sentencia" y que Perú aplicará las recomendaciones de manera gradual conforme a la Constitución.

// Agencias