La Alcaldía de La Paz denunció este viernes que los gremiales de Alto Uyustus Central comercializan sus productos los días viernes de manera ilegal y con la Resolución Técnica Administrativa No 037/99 del 25 de octubre de 1999 ilegal y nula, pues fue firmada por una autoridad no competente para el efecto, y, por ello, anunció que se iniciarán procesos correspondientes contra los responsables.

En conferencia de prensa, la secretaria municipal de Desarrollo Económico, Mónica Chuquimia, informó que conforme a ley, la única persona que puede firmar ese tipo de resoluciones técnico administrativas para autorizar asentamientos, es el Alcalde, por lo que el documento presentado por los gremiales no tiene validez jurídica y evidencia a los dirigentes del sector que fueron estafados al pagar por una patente por un servicio que no pueden realizar los viernes.

“A través de un informe emitido por la Dirección de Mercados y Actividades Económicas se determina que la Resolución Técnica Administrativa presentada por el sector comercial de Alto Uyustus Central 037/99 del 25 de octubre de 1999 ha sido emitida por un jefe de kioscos y jefes municipales de la dirección de servicios municipales  de ese entonces, la cual se ha identificado que es nula, toda vez que la Ley Orgánica Municipal dispone en su Art. 39 que la única persona con la facultad para la suscripción de resoluciones técnicas en aquel entonces es el Alcalde”, informó Chuquimia.

La Alcaldía de La Paz inició esta investigación después de que el lunes (3) se produjera la demanda de los vecinos del sector por el asentamiento de los gremiales los días viernes, situación que no corresponde ya que no tienen autorización para hacerlo. Fruto de ese reclamo hubo bloqueo de vías como la Apumalla en señal de reclamo vecinal.

El director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, mostró su indignación por este hecho ya que se constituye en “un delito” al dar curso a una resolución que no tiene valor legal y que contraviene una norma mayor, aspecto por el cual anunció que se realizarán los procesos penales correspondientes contra los exfuncionarios que dieron curso a esta autorización el año 1999.

“Queremos manifestar nuestra indignación y la sorpresa por este grave delito que se ha cometido, porque el año 1999, cuando el alcalde de entonces conforme a la ley debía firmar una resolución no la firma él, la firma el señor Rolo Mendoza Rodríguez, quien era Jefe de Kioscos, ese es un delito y este delito durante 25 años ha sido utilizado para generar una especie de estafa piramidal a nuestros compañeros gremialistas”, denunció Barrientos.

La autoridad edil detalló que a los exfuncionarios que promovieron esta resolución se suman “supuestos asesores” externos que sacaron provecho de este documento que, reiteró, “es nulo de pleno derecho”.

“Corresponde iniciar los procesos  a todos los autores, materiales e intelectuales, a esos malos exfuncionarios de la gestión 99 y a los que están afuera, supuestos asesores, que están utilizando este hecho delictivo que nos parece totalmente abusivito, ya que hace creer a nuestros compañeríos gremialistas que hay autorización conforme a la normativa”, dijo Barrientos.  

Por su parte, Chuquimia explicó que al margen de identificar esta resolución como ilegal, se buscó la documentación de respaldo a esta determinación en el Archivo General de la Dirección de Gabinete del GAMLP y es “inexistente”. Tampoco se encontró esta documentación en el archivo de la Unidad de Mercados y Comercio en Vía Pública, por lo se ratifica que “no tienen valor ni efecto legal alguno”.

“También es necesario que la población paceña conozca de que la Ley 2341 de Procedimientos Administrativos indica, en el capítulo cinco, Art. 35, que son nulos de pleno derecho todos los actos administrativos en los casos siguientes: los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o territorio, es decir, esa resolución no tiene valor ni efecto legal alguno”, añadió Chuquimia.

Toda esta información fue dada a conocer al sector gremial que, en criterio de Barrientos, es “víctima” de una estafa y en ese marco corresponde efectuar el cumplimiento de la patente para los días: miércoles, jueves, sábado y domingo, tal como fue demandado por los vecinos.