La Fiscalía decidió ampliar la investigación por el caso Golpe de Estado I en contra de Luis Fernando Camacho por los delitos de cohecho y seducción de tropas, a solicitud del Ministerio de Gobierno.

Según información de Erbol, el documento de la Fiscalía fue recepcionado por juzgados el 6 de enero.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, ya había anunciado que presentaría la solicitud ante el Ministerio Público para que la investigación contra Camacho se amplíe por los delitos de cohecho y seducción de tropas - hasta hora fue imputado por terrorismo-, después de revelar movimientos económicos que realizó Camacho en noviembre de 2019 para "sobornar" a policías y militares.

Denuncia del Ministro de Gobierno

El pasado 4 de enero, Del Castillo dio el primer informe de los movimientos económicos que realizó Camacho entre noviembre y diciembre de 2019, cuando éste presidía el Comité Pro Santa Cruz, desde cuyo espacio alentó las movilizaciones en contra del Gobierno esgrimiendo las irregularidades en las elecciones generales de ese año.

De acuerdos con el detalle proporcionado por el ministro, los movimientos en la cuenta bancaria de Camacho, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, llegan a al menos Bs 4,5 millones.

Pero, de acuerdo con Del Castillo, esas transacciones son una “minúscula parte de todos los movimientos financieros” que se hicieron para allanar la ruptura del orden constitucional “sobornando” a militares y policías.

“Los datos que hemos exhibido al pueblo boliviano son una minúscula parte de toda la investigación de los movimientos financieros que se dieron en la gestión 2019 (y) evidentemente el principal investigado por estos delitos es el señor Luis Fernando Camacho”, señaló Del Castillo entrevistado por medios estatales.

El Ministro, en esa oportunidad, ya había afirmado que la denuncia contra Camacho debe ampliarse por “al menos dos elementos: seducción de tropa, porque hemos visto depósitos al excomandante de la Fuerza Aérea, el general Gonzalo Terceros, y así también por cohecho activo porque nadie puede sobornar en nuestro país a un funcionario público y mucho menos si está a cargo de la seguridad interna de nuestro país”.

Los movimientos económicos

Según el informe del ministro, los movimientos de Camacho involucran a varias personas, desde familiares hasta personajes de su confianza.

Uno de ellos es Miguel Ángel Navarro, una persona muy cercana a Camacho que de acompañarlo en el Comité Pro Santa Cruz, como gerente general, pasó a la Secretaría de Gestión Institucional de la Gobernación.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, entre Navarro y Camacho se registran al menos cuatro transacciones entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019.

El primer depósito bancario de Navarro a la cuenta de Camacho se realizó el 5 de noviembre de 2019 por Bs 180.000 y el segundo por Bs 140.000 el 15 de noviembre, el día de la masacre en Sacaba, Cochabamba.

El 4 de diciembre se tiene registrado que Navarro depositó a Camacho Bs 90.000 y el 7 de diciembre le hace un nuevo depósito a Camacho de Bs 788.000 y desde la cuenta del excívico se deposita a Navarro Bs 859.000.

Navarro, de profesión abogado, fue también a quien en marzo de 2022 Camacho le dio las facultades para que administre la Gobernación mientras se ausentaba del país en un viaje a Brasil, vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz que dispone que ese espacio sea ocupado de forma temporal por el vicegobernador Mario Joaquín Aguilera Cirbian.

Pero también Navarro está involucrado en la “presunta compra irregular” de un carro bombero para lo cual Camacho le dio un poder.

El Ministro de Gobierno, en ese sentido, se abstuvo de dar nombres de las personas que serán investigadas para evitar que éstas abandonen el país.

“Este es un tema que hasta ahora lo estamos manteniendo en reserva, no queremos que otras personas que están siendo investigadas por movimiento sospechosos durante el golpe de Estado, que hubiese financiado parte del golpe de Estado, puedan escapar de nuestras fronteras”, señaló.

En el marco del caso Golpe de Estado I, Camacho fue recluido de forma preventiva en el penal de Chonchocoro luego de que éste se negó a acudir al Ministerio Público para brinda sus declaraciones sobre su participación en la crisis de 2019.

Según el propio gobernador de Santa Cruz, fue su padre José Luis Camacho Parada, quien “cerró” con los policías y militares para que no salgan a reprimir las protestas.

Las investigaciones preliminares establecieron que Camacho tenía protección policial y militar antes de la renuncia de Evo Morales a la presidencia que se efectuó el 10 de noviembre de 2019.