El Gobierno de Perú impuso este martes un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que dejan 40 muertos en un mes. Entretanto, el nuevo gabinete acude al Congreso por un voto de confianza para su investidura.

"Se ha aprobado en el Consejo de ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana", anunció el jefe de gabinete, Alberto Otárola, ante el Congreso.

El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales entre la noche del lunes y la madrugada de este martes con saldo de 18 muertos.

Las muertes han exacerbado la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1.300 km de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen el comercio cerrado.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.

En la región de Ayacucho, también en el sur, miles marcharon por las calles de la ciudad de Huamanga pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones y convocatoria a una Asamblea Constituyente, los principales reclamos de las protestas.

La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos entre los manifestantes que trataron de ocupar el aeropuerto de Juliaca y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, un policía pereció quemado al interior de su patrulla, informó la institución.

El gobierno justificó la actuación de la policía y militares que custodian la terminal aérea diciendo que fue en respuesta a "una asonada" preparada por miles de manifestantes.

El lunes "más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema", indicó a la prensa Otárola.

Voto de confianza

En medio de las protestas en varias regiones, Otárola contemplaba el martes presentar a sus ministros ante el Congreso para pedir el voto de confianza de investidura, requisito constitucional para seguir en funciones.

Tras asumir su cargo como jefe de gabinete el 21 de diciembre, Otárola debe exponer al Congreso, controlado por la derecha, las principales medidas que requiere su gestión.

Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

Aunque se considera de izquierda, Boluarte es vista como "traidora" por las comunidades y militantes que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída ahora la respaldan.