El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, manifestó que la situación jurídica del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado I, debe resolverse en los estrados judiciales y no en las calles. Señaló que los actos violentos generados en la capital cruceña buscan afectar la independencia con la que debe actuar la justicia.

“Los casos se resolverán en tribunales, no en las calles. Lo que están haciendo en Santa Cruz es una grave afectación a la independencia judicial, los jueces no pueden ser presionados por los conflictos, no hay políticos privilegiados que no deban responder ante la justicia,”, señaló el Ministro. 

Camacho fue aprehendido el pasado miércoles en el marco del caso Golpe de Estado I, debido a que en dos años no se presentó a declarar por sus actos durante la crisis del 2019, que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales, la posterior asunción “irregular” de Jeanine Añez y graves vulneraciones a los derechos humanos de la población.

“Los políticos no somos una casta privilegiada, tenemos la obligación de rendir cuentas al país y a la justicia. La participación de Camacho fue esencial para romper el orden constitucional y la intervención en las masacres con la designación del ministro de Defensa, Luis Fernando López; todos esos elementos deben ser aclarados”, sostuvo.

El Ministro manifestó que la violencia registrada en las calles busca generar impunidad. “Lo que están plateando es que no se investiguen estos procesos, es un pacto de impunidad. El debido proceso debe resolverse en los tribunales de justicia, no por quien grita más fuerte en las calles; ni los políticos son una casta privilegiada, ni los conflictos en las calles, van a lograr afectar la independencia de la justicia. La independencia de la justicia parte también por el principio de la no intromisión a través de la presión, lamento que se pretenda realizar una intromisión en la labor de la justicia”, dijo.

“Cuando se busca que se tomen decisiones por temor, amenazas o agresiones no estamos hablando de un grupo que busque afianzar la democracia, sino que se trata de una casta privilegiada que busca impunidad. Se busca que la calle y la protesta genere impunidad”, acotó.

Tras la aprehensión de Camacho, grupos que apoyan al Gobernador iniciaron distintas medidas de presión, entre ellas bloqueo de caminos y hasta la quema y destrozo de instituciones públicas y viviendas privadas. En ese sentido se emitieron arrestos, detenciones y posteriormente medidas cautelares en contra de quienes generaron quemas, torturas, saqueos y otras afectaciones.  

“¿Quiénes generan la violencia? la relación de causa-efecto es fundamental para entender los hechos; no hay un ejercicio de la protesta social en los marcos constitucionales, es una protesta violenta, como consecuencia la Policía debe evitar que se tomen instituciones en un rol que está enmarcado en la Constitución Política del Estado; en ese sentido, no se están utilizando armas de fuego, son gases lacrimógenos para dispersar a grupos violentos”, dijo la autoridad.

En titular de Justicia recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Bolivia, recomendó al Estado desmantelar los grupos paramilitares y parapoliciales que operan en el país generando violencia y desestabilización, entre ellos se identificó a la UJC.

“La presión e intromisión en las determinaciones judiciales está prohibida por el Constitución. El GIEI recomendó investigar los sucesos de 2019 para hacer justicia, sin justicia no habrá paz; para ese objetivo, todos quienes han cometido delitos en ese periodo, deben ser investigados en el marco del debido proceso; esto se resuelve en los tribunales no en la calle destruyendo bienes públicos y secuestrando funcionarios”, concluyó.