El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue sentenciado a 70 meses (casi seis años) de cárcel en Estados Unidos, por los delitos de soborno y lavado de dinero, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un inicio, se creía que la exautoridad fue sentenciada a siete años de cárce, pues así lo informaron autoridades bolivianas como el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, quien a través de un escueto mensaje en su cuenta de Twitter afirmó: “7 años de prisión para Arturo Murillo”.

Casi en simultáneo, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, también había confirmado la sentencia.

“Se informa al pueblo boliviano que la justicia estadounidense dispuso 7 años de prisión para el ex ministro de facto de Jeanine Añez, Arturo Murillo. Demostrando una vez más, que las denuncias que realizamos como Gobierno Nacional eran ciertas”, afirmó.

El Ministro, en ese sentido, aseveró que la sentencia de Murillo demuestra que el presunto golpe de Estado del 2019 “no solo fue para tomar el poder y asesinar a nuestro pueblo, también fue para saquear y robar el Estado”.

Cabe recordar que Murillo, en septiembre de 2022, se declaró culpable de los delitos de conspiración por lavado de dinero y soborno en EEUU, por lo que ya pudo recibir sentencia sin necesidad de ir a un juicio “con jurado”.

El exministro de Gobierno, durante su gestión, posibilitó la compra irregular de gases lacrimógenos, entre otros elementos, con un daño económico al Estado superior a los 2 millones de dólares.

El caso

Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos en mayo del 2021. El Departamento de Seguridad Nacional del Estados Unidos se querelló contra el que fuera el hombre fuerte del Gobierno de Jeanine Añez bajo la sospecha de ser parte de una conspiración para recibir sobornos y lavar dinero, dos delitos federales de “alta gravedad”, del grupo de leyes que persiguen la corrupción en ese país.

La demanda estaba basada en los resultados de una investigación que se desarrolló durante 17 meses, entre noviembre de 2019 y abril de 2022, e identificó la captación de $us 1,2 millones en efectivo o a través de transferencias electrónicas en Estados Unidos y Bolivia.

Este monto representa el 50% del sobreprecio que pudo pagar Bolivia por un lote de gases lacrimógenos y armamento no letal. La coima fue “pagada” por la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) que cobró $us 5,6 millones al Estado boliviano por esas municiones luego de haberlas adquirido a una compañía en Brasil, por sólo $us 3,3 millones.

El Departamento de Seguridad Nacional también se querelló contra los propietarios de la intermediaria, los ciudadanos estadounidenses Luis Berkman y Bryan Berkman, quienes pudieron salir en libertad luego de pagar una fianza.

También  está involucrado Philip Lichtenfeld, el empresario norteamericano de origen argentino que fue contratado como “enlace” para esta operación y que está detenido en Miami. Allí también están arrestados Murillo y su amigo Sergio Rodrigo Méndez, quien fue su jefe de gabinete durante su paso transitorio por el poder.