Los familiares de las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas durante el gobierno de Jeanine Añez en noviembre de 2019, ampliarán el proceso en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como “autor mediato” de esos hechos luctuosos.

El activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca, precisó que la petición será planteada en las siguientes horas para que Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, rinda cuentas por los hechos violentos que se registraron entre octubre y noviembre de 2019.

“¿Qué puerta nos abre esta detención (de Fernando Camacho)? Nos abre el hecho de ampliar el proceso por los hechos de Sacaba y Senkata a Camacho y demás participantes. Bajo el informe de la GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) ellos tendrían que ser investigados bajo la categoría de autores mediatos, no de autores intelectuales, materiales o encubridores, sino autores mediatos”, explicó Inca a Panamericana.

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el autor mediato es aquella persona que teniendo el poder necesario o la influencia necesaria para que se evite una vulneración a los derechos humanos “no hace nada”.

Inca señaló “eso es lo que ha ocurrido en el caso del señor Camacho, concretamente en los hechos de los días 11, 15 y 19 de noviembre de 2019”, cuando se registran las masacres de Sacaba y Senkata que dejó más de una treinta de muertos y cientos de heridos.

En noviembre de 2019, tras la renuncia de “forzada” de Evo Morales y las principles autoridades gubernamentales lesgislativas, Jeanine Añez – entonces segunda vicepresidenta del Senado- asumió la presidencia del Estado amparada en la “sucesión constitucional” con el respaldo de las Fuerzas Armadas, organizaciones políticas y la iglesia Católica.

Para frenar las protestas sociales, el 15 de noviembre de 2019, el gabinete de Añez aprobó el Decreto Supremo 4078 que eximió de “responsabilidad penal” a los uniformados por sus operaciones en Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba.

Bajo ese manto, las Fuerzas Armadas ejecutaron el Plan “Sebastián Pagador” tanto en Sacaba como en Senkata.

En ambas operaciones más de una treintena de personas fallecieron víctimas “de proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos que los definió como “masacres”.

Camacho fue parte del gobierno de Añez. Gente del excívico ocupó al menos cuatro ministerios: Relaciones Exteriores (Karen Longaric), Defensa (Luis Fernando López), Comunicación (Roxana Lizárraga) y de la Presidencia (Jerjes Justiniano).

El propio Camacho confesó en diciembre de 2019 que López fue parte del gobierno de Añez como retribución por su mediación en las negociones que su padre José Luis Camacho hizo con los policías y militares para que ellos no salgan a las calles a reprimir las protestas.

“La persona que fue a hablar con ellos (los militares) fue Fernando López, por eso está de Ministro de Defensa, para cumplirle los compromisos. Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos (la Policía y las Fuerzas Armadas) no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (para que renuncie Evo Morales)”, declaró Camacho rodeado de un grupo de personas, aparentemente en el aeropuerto de Santa Cruz, en diciembre de 2019.

Inca consideró que hay un “clima polarizado en el país” por la detención del gobernador, no obstante, afirmó que “las victimas lo único que quieren es saber quién ordenó matar y quien la ejecutó, quien ordeno disparar y quién disparo, independientemente de esas dos posiciones políticas”.

Desde este viernes, Camacho guarda detención preventiva por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, del departamento de La Paz, mientras se realizan las investigaciones por el caso el Golpe de Estado I.

Sus adeptos cumplen este viernes un paro de 24 horas en Santa Cruz en demanda de su liberación, pero la medida no tiene aceptación en varias de las zonas populares de la capital cruceña y las provincias.