El presidente del Estado, Luis Arce, reprochó este viernes que quienes incurrieron en delitos durante los 36 días del paro que se cumplió en Santa Cruz por el censo hablen de “persecución política” para buscar una “apología del delito” y no ser juzgados por la justicia.

“Cuando se abren juicios y se denuncian actos que provocaron pérdidas económicas, dolor, muerte, y hasta un hecho de violación grupal, no puede hacerse una apología del delito denunciando la aplicación de la justicia como un acto de persecución política. Es el Estado defendiendo a la sociedad”, afirmó el jefe de Estado durante el acto de clausura de gestión de la Escuela Militar de Sargentos “Sgto. Maximiliano Paredes Tejerina” en Tarata, Cochabamba.

Santa Cruz acató un paro de 36 días en demanda de que el censo sea el 2023; sin embargo, luego sus líderes – el gobernador Fernando Camacho, el presidente cívico Rómulo Calvo y el rector de la Uagrm Vicente Cuéllar- terminaron por aceptar la propuesta del Gobierno para que la consulta nacional se desarrolle el 23 de marzo del 2024.

Según el Gobierno, durante los 36 días de paro hubo una millonaria pérdida económica, muertes, un caso de violación grupal y también la quema de la sede de Campesinos y de la Central Obrera Departamental a manos de grupos que apoyaban la medida de presión.

El Jefe de Estado, en ese sentido, sentenció que todos esos hechos deben generar indignación “noviembre como si aquellas injusticias se las hubiera cometido contra uno mismo porque efectivamente fue así”.

“El legítimo derecho al ejercicio de la protesta jamás puede servir para justificar la quema de sedes obreras y campesinas, la toma de comandos policiales, el abuso de mujeres indígenas o actos de violencia alguno”, sentenció el Presidente.

A la fecha, el Ministerio Público aceptó al menos tres procesos contra los líderes del paro cruceño y decidió unificar todas las denuncias en un solo caso, que será investigado en La Paz.

Camacho, calvo, Cuéllar, y otros miembros del llamado Comité Interinstitucional de Santa Cruz, denunciaron persecución política en su contra y anunciaron la realización de una marcha este viernes.

Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que los actos ilícitos que se cometieron durante el paro no pueden quedar en la impunidad y lo que corresponde es que el Ministerio Público y el Órgano Judicial “establezcan si existen responsabilidades”.

“Hay un daño económico, hay pérdidas de cuatro personas, hay graves violaciones a los derechos humanos y un sinfín de delitos que han sido presentados por ciudadanos que han presentado estas denuncias por quemas a instituciones, por los saqueos que se han registrado en instituciones de organizaciones, entonces eso no puede quedar en la impunidad, pero tendrá una investigación como corresponde y uno también tiene que estar sujeto a defenderse o asumir responsabilidades o no, pero será en esa instancia en que la decida", insistió Alcón.