El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, convocó este viernes a generar un movimiento nacional para que las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en noviembre de 2019 durante el Gobierno de Jeanine Añez, no queden en la impunidad y los responsables sean sancionados.

“En 2019 hubo masacre, hubo persecución y estos hechos no pueden quedar en la impunidad, necesitamos generar todo un movimiento, no es solo de responsabilidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, hay que generar un movimiento, todo el pueblo tiene que trabajar para que todos estos hechos no queden en la impunidad”, indicó durante un acto en Conmemoración al Día Internacional de los Derecho Humanos, en el Hall de la Vicepresidencia.

Ante un auditorio colmado por familiares de los fallecidos durante las masacres de 2019, Choquehuanca señaló que luego del “golpe de Estado” del 2019 se violaron “gravemente los derechos humanos” y, dijo, sólo con la lucha del pueblo boliviano se pudo recuperar la democracia.

“Gracias a esos hermanos (de Sacaba y Senkata), que han ofrendado sus vidas, hemos recuperado nuestra democracia y es obligación, no solo del Ministerio de Justicia, del Defensor del Pueblo, de los organismos internacionales lo los luchadores sociales, sino de todos, reparar integralmente estas graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.

En noviembre del 2019, el entonces presidente Evo Morales se vio forzado a renunciar a su cargo en medio de denuncias de fraude, movilizaciones cívicas y tras perder el apoyo de la Policía y las Fuerzas Srmadas.

Junto a él, renunció el vicepresidente Álvaro Gasrcía Linera y las principales cabezas del legislativo – aunque algunas de ellas no llegaron a oficializar su decisión-. Ante ese panorama, Jeanine Añez, entonces segunda vicepresidenta del Senado, apeló a la “sucesión constitucional” para asumir la presidente, primero, de la Cámara Alta y luego del Estado.

Ya como Presidenta y para frenar las protestas sociales, el 15 de noviembre de 2019, Añez aprobó el Decreto Supremo 4078 que eximió de “responsabilidad penal” a los uniformados por sus operaciones en Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba.

Bajo ese manto, las Fuerzas Armadas ejecutaron el Plan “Sebastián Pagador” tanto en Sacaba como en Senkata.

En ambas operaciones más de una treintena de personas fallecieron víctimas “de proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos y los definió como “masacres”.

Pero además de sancionar a los responsables, el vicepresidente enfatizó en la necesidad de que se consolide la reparación integral de las víctimas y de sus familiares.

Dijo que en el caso de que la víctima fuera una madre o un padre, el Estado debe garantizar que sus hijos cuenten con acceso a educación, salud y trabajo.

Y como parte de esta política de reparación integral, Choquehuanca destacó la decisión del Gobierno nacional de indemnizar a las víctimas de las dictaduras militares de los periodos 1964-1982.