La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició este jueves la revisión de los proyectos de ley que fueron presentados sobre el Censo de Población y Vivienda, confirmó presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra (MAS-IPSP).

“Nosotros, ahora, en la Asamblea Legislativa, estamos analizando los diferentes proyectos de ley que han entrado de las diferentes bancadas y en los próximos días vamos a dar una respuesta”, indicó Yujra en declaraciones radio Panamericana.

De acuerdo con el procedimiento legislativo, los proyectos de ley tienen que pasar por un “tratamiento y aprobación inicial” de la comisión respectiva.

En este caso, las más de seis iniciativas fueron remitidas a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, que tiene un plazo de 15 días para emitir su informe.

Una de las propuestas la presentó un grupo de legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, dirigido por José Carlos Gutiérrez. La iniciativa legal deja abierta la fecha del Censo y pide que los resultados sean aplicados antes de 2025 con la distribución de ingresos por coparticipación y la asignación de escaños parlamentarios.

La otra propuesta, que la impulsan los diputados Erwin Bazán (Creemos) y Carlos Alarcón (CC), propone que el Censo se realice el 25 de octubre de 2023. También sugiere que la redistribución de recursos se realice en septiembre del año 2024 y que la asignación de escaños y reconfiguración de circunscripciones uninominales y especiales se las realice antes de las elecciones generales del 2025.

Además de ello, legisladores disidentes de CC presentaron un proyecto de ley que plantea un mecanismo de compensación para las regiones que eventualmente vayan a perder representación parlamentaria.

A estas iniciativas se suma la presentada por la Brigada Parlamentaria del MAS-IPSP por Santa Cruz, liderada por la diputada Deysi Choque, que se centra en la redistribución de escaños legislativos con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda, fijado para el 23 de marzo de 2024, por el Decreto Supremo 4824.

Yujra anticipó que durante el análisis de los proyectos se verá si éstas se ajustan a la Constitución y no se vulneran aspecto como las competencias de todos los niveles de gobierno.

“Es un tema que nosotros lo estamos analizando porque hay que ver la Constitución Política del Estado y hay que ver el tema de las competencias, no es simplemente que por gusto de alguien (que diga) ‘ya bueno, hagamos una ley y esto se va a resolver’. Hay que ser serios en el país”, argumentó el legislador.

Por mandato del numeral 16 del parágrafo primero del artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), los “censos oficiales” son “competencias privativas del nivel central del Estado”.

Basado en ese respaldo legal, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, enfatizó que “la definición de la fecha del Censo de Población y Vivienda es una atribución privatiza del nivel central del Estado”.

Por tanto, señaló que es “suficiente” el Decreto Supremo 4824 que fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta nacional y la distribución los ingresos de coparticipación a partir de septiembre del mismo año.

Sin embargo, dijo, “entiendo que hay varios proyectos de ley que están en las cámaras de Diputados y de Senadores y bueno va a ser atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional poder discutir todos esos proyectos y veremos cuál es la conclusión de ese análisis”.