Como se tenía previsto, el que fuera ministro de Gobierno durante la gestión de Jeanine Añez, Arturo Murillo, se declaró culpable por las denuncias de soborno y lavado de dinero que pesan en su contra en Estados Unidos – por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio cuando era autoridad- y podría recibir sentencia de hasta seis años de cárcel en las próximas dos semanas.

La información fue confirmada por el abogado Thomas Becker, quien se hizo conocido al patrocinar a las víctimas de octubre de 2003 en la demanda civil que instauraron contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada también en Estados Unidos.

“Arturo Murillo acaba de declararse culpable en Estados Unidos (…) Según fuentes, lo más probable es que recibe una sentencia en dos semanas”, informó Becker a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto, el procurador general del Estado boliviano, Wilfredo Chávez, informó que Murillo fue puesto ante el juez y se suscribió un acuerdo de culpabilidad que ya es vigente en Estados Unidos.

Chávez resaltó que Murillo ya tiene estatus de culpable en Estados Unidos y ya no de sindicado. E indicó que el juez también ha conminado a Murillo a cumplir ciertas medidas, como entregar cualquier propiedad involucrada en los delitos reconocidos.

Sobre este caso, la justicia de Estados Unidos ya dictó sentencia a los cómplices confesos de la exautoridad. Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal se declararon culpables en Florida.

La autoridad judicial sentenció en julio pasado a Philip Lichtenfeld a 26 meses de prisión, el pago de una multa de $us 75.000 y trabajo comunitario de 300 a 1.000 horas, por los delitos de conspiración para cometer un delito de soborno internacional y violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero.

Bryan y Luis Berkman también fueron hallados culpables por esos delitos, y condenados a 28 meses de cárcel cada uno, además de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fue sentenciado a 42 meses de prisión por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero y de 300 a 1.000 horas de trabajo comunitario.

De acuerdo a las autoridades estadounidenses, Lichtenfeld y Berkman habrían pagado 602.000 dólares en sobornos en beneficio de Murillo y Méndez a cambio de asegurar un contrato de $us 5,6 millones para la entrega de gas lacrimógeno y otros equipos no letales al Ministerio de Defensa de Bolivia entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Arturo Murillo fue uno de los hombres de perfil más alto durante la presidencia de Añez. Su gobierno desembolsó $us 5,7 millones por la compra de gases lacrimógenos a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por su adquisición. El daño económico al Estado es de $us 2,3 millones.

De estos 2,3 millones de dólares, 582.000 fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Arturo Murillo, y el resto fue dividido entre los tres ciudadanos estadounidenses.

Detenido en una cárcel de Miami desde 2021, se estableció que el exministro de Añez utilizó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.