La presidenta de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, anunció que la comisión que dirige revisará todas las proposiciones acusatorias contra la exsenadora Jeanine Añez para evaluar si le corresponde o no un juicio de responsabilidades.

Velasco precisó que, tras la decisión judicial de juzgar a la expresidenta por la vía ordinaria en el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), se procederá a la evaluación de las otras cuatro proposiciones acusatorias presentadas en su contra.

“El tema de los juicios de responsabilidades contra Añez está en mi comisión. Estamos solicitando un informe sobre el fallo judicial en el caso EBA para complementar al análisis correspondiente”, declaró.

Las proposiciones acusatorias que radican contra Añez son: la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 327,7 millones, el cual no habría tenido la autorización de la Asamblea.

El segundo caso tiene que ver con el Decreto Supremo 4200, que habría vulnerado la libertad de expresión durante la pandemia del Covid-19.

La tercera proposición acusatoria está relacionada con la concesión irregular del Servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, para el registro mercantil por 15 años.

La cuarta proposición acusatoria refiere que Añez, en su condición de presidenta transitoria, habría emitido órdenes inconstitucionales y anticonvencionales para que policías, militares y personal de la Dirección de Migración no permitan el paso de compatriotas desde Chile.

El pasado jueves, el juez tercero de instrucción anticorrupción de La Paz, Heber Torrejón, negó que la exmandataria pueda someterse a un juicio de responsabilidades por el llamado ‘caso EBA’ y, así, abrió la puerta para que sea juzgada por la vía ordinaria.

“Se declara infundada la excepción de incompetencia, en razón a materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez. Esta determinación de carácter jurisdiccional no marca estado y es susceptible de apelación", señala la resolución del juez Heber Torrejón.

En otra parte de la resolución, el juez señala que Añez no fue presidente “constitucional”, puesto que no acreditó de manera documentada que hubiera adquirido la investidura presidencial de acuerdo con los rituales constitucionales. La decisión, incluso, abre la posibilidad de que la también exsenadora sea juzgada por la vía ordinaria en otros casos-.

En noviembre de 2021 la Fiscalía imputó a la expresidenta por los delitos de nombramientos ilegales, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y anticipo o prolongación de funciones, acusándola de haber designado ilegalmente a su familiar, Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020, sin que cumpla requisitos para ese cargo.