El ministro de Justicia, Iván Lima, reiteró este viernes que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el llamado ‘caso terrorismo’ fue declarado en reserva por el mismo organismo internacional. No obstante, señaló que “en general” ese tipo de documentos tiene un carácter vinculante y las acciones penales a consecuencia del mismo son tuición de la Fiscalía.

“El Informe CIDH esta bajo reserva, por lo tanto no podemos pronunciarnos como Gobierno sobre su contenido públicamente.  En General no en este caso los Informes de la CIDH son vinculantes y la acción penal publica en Bolivia es definida por el Fiscal General (sic)”, señaló el Ministro a través de su cuenta de Twitter.

Adjuntando documentación, y sobre el carácter vinculante de los informes de la CIDH, el Ministro de Justicia afirma que bajo el principio de “buena fe”, los estados, entre ellos Bolivia, “al aceptar la competencia de la Comisión y la Corte están obligados a cumplir con los Informes y las Sentencias”.

“En este caso concreto (caso Terrorismo) existe un INFORME FINAL, bajo reserva y en tanto no se levante la misma por la CIDH el Gobierno de Bolivia no puede comentarlo o emitir conclusiones. Eso no significa que las Autoridades del Gobierno no lo analicen y trabajen sobre su contenido y alcances”, acotó.

El Ministro de Justicia, en ese sentido, dejó claro que la reserva del informe final de la CIDH se levanta una vez que la Comisión determina si el Estado cumplió con sus recomendaciones o decide presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “Nos encontramos en esa etapa de este caso”, aseveró.

El informe de la CIDH sobre el caso Terrorismo se hizo público a través de un medio de comunicación y que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.

Según el informe al que tuvo acceso El Deber, la CIDH afirma que para evitar un juicio internacional, Bolivia debe juzgar a los responsables – entre ellos Morales- dentro del territorio boliviano.

Desde el Gobierno, se emitió una queja formal ante la Comisión Interamericana por la filtración del documento y ayer el Ministro de Justicia señaló que no hay una posición gubernamental de llevar al expresidente Evo Morales a un juicio de responsabilidades.

“La respuesta es clara y contundente de parte Gobierno nacional. No hay ninguna intención de iniciar ningún juicio responsabilidades, con lo cual los compañeros pueden estar tranquilos”, enfatizó.

El denominado caso Terrorismo ocurrió el 16 abril de 2009 ante la sospecha que un grupo de extranjeros conformaron un grupo terrorista, fuertemente armado, para ejecutar un supuesto plan que tenía como objetivo acabar con la vida del expresidente Evo Morales y otros de su gobierno.

Ese día, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que resultaron muertos. Ese misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.