Sin entrar en polémica, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó este domingo que el Gobierno presentó un reclamo formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la filtración de su informe sobre el caso Terrorismo.

En conferencia de prensa, Lima explicó que el Estado boliviano recibió el informe el 26 de julio y por 60 días el documento tenía objeto de “reserva y confidencialidad”.

Sin embargo, el informe fue difundido por un medio de comunicación el 25 de septiembre, un día antes de que pase a tener carácter público.

“Como Gobierno hemos presentado un reclamo formal escrito a la CIDH por la filtración del documento que se ha producido en el periodo julio- 25 de septiembre. Un día antes de que venza el periodo de 60 días el documento fue publicado”, señaló el Ministro.

Lima, en ese sentido, detalló que el informe fue recepcionado por la procuraduría General del Estado y luego compartido al Ministerio de Justicia y la Cancillería. Esas tres instancias son las encargadas de analizar el documento y definir una posición oficial del Estado.

Detalló que el informe recién podía hacerse público el 26 de septiembre – 60 días después de que fuera remitido al Estado boliviano- y siempre que no haya un acuerdo entre ambas partes involucradas.

No obstante, el Ministro de justicia descartó pedir al periódico implicado que levante la reserva de fuente par saber quién filtró el documento pues, dijo, ese es un derecho protegido por la propia Constitución Política del Estado.

El pasado fin de semana, El Deber publicó el informe de la CIDH en el que determina que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, las fuerzas del Estado ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a cinco miembros de un supuesto grupo armado.

Según el informe, la CIDH afirma que para evitar un juicio internacional, Bolivia debe juzgar a los responsables dentro del territorio boliviano.

No obstante, desde el Movimiento al Socialismo (MAS) y hasta el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, manifestó que el informe solo consta de “recomendaciones” y no tiene un carácter vinculante.

En ese sentido, el expresidente Evo Morales ratificó que el informe solo contiene recomendaciones y la mañana de este domingo acusó directamente al Ministro de Justicia de ser quien filtró el informe.

“Denuncio públicamente con base en información cruzada que quién filtró el informe de la CIDH sobre el caso Terrorismo Separatista a El Deber fue el Ministro de Justicia. Todo se sabe. Que el pueblo juzgue cómo por atacarnos, algunos son capaces de ayudar a la derecha separatista. Si el Ministro de Justicia juró a la Constitución, que cumpla con el deber constitucional de defender la integridad de Bolivia y reabra el juicio al separatismo que como admitió, fue "archivado arbitrariamente" por los golpistas. Confiamos en que no avalará lo que hizo (Arturo) Murillo”, señaló Morales a través de su cuenta de Twitter.

El Ministro de Justicia, no obstante, optó por no entrar a la polémica ni responder a Morales y reiteró que se limita a hablar de información oficial.

“La información que tenemos es la información oficial. No podemos basarnos en trascendidos, especulaciones o información que no tiene nombre ni apellido”, sentenció.

El denominado caso Terrorismo ocurrió el 16 abril de 2009 ante la sospecha que un grupo de extranjeros conformaron un grupo terrorista, fuertemente armado, para ejecutar un supuesto plan que tenía como objetivo acabar con la vida del expresidente Evo Morales y otros de su gobierno.

Ese día, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, grupo de élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, que resultaron muertos. Ese misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.