Caso BBVA: El Gobierno pide “responsabilidad” al abordar el fallo del CIADI
El fin de semana se conoció que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, ha dictado un laudo en el que condena al Estado de Bolivia a indemnizar a la empresa española BBVA con 105 millones de dólares como indemnización por la nacionalización de sus acciones en el sistema de pensiones.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió este martes responsabilidad al momento de emitir declaraciones sobre la determinación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que establece que Bolivia debe pagar 105 millones de dólares al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
“Hay que tomar con mucha responsabilidad las declaraciones que se pueden emitir, considerando que estamos en un proceso internacional, un laudo arbitral, que toda declaración podría afectar a las acciones que se están llevando adelante desde el nivel Ejecutivo”, dijo Alcón.
La autoridad manifestó que, desde el gobierno, se asumen las acciones de defensa para solicitar la anulación de la determinación del CIADI, y su desarrollo será comunicado de manera oficial, como corresponde.
La Procuraduría General del Estado informó que las entidades competentes coordinan las acciones de defensa ante la determinación del CIADI y que, desde el inicio del proceso arbitral, se asumió las acciones de defensa fundamentadas y presentó las pruebas pertinentes, las mismas que no fueron valoradas por el mencionado tribunal.
"Insistimos, estamos en un proceso internacional, pero hay que tomar en cuenta, cuánto hemos ganado con las nacionalizaciones. Por el último reporte que he visto de Yacimientos, desde 2006 hasta la fecha son más de 42.800 millones de dólares que se han quedado en la renta petrolera en el país, precisamente por una acción de nacionalización”, explicó.
Recordó también que el proceso de privatización y capitalización que se ejecutó entre 1985 y 2005 concluyó y que Bolivia perdió al menos $us 10.000 millones por la enajenación de 212 empresas públicas, según un estudio de la Asamblea Legislativa.