En la Cumbre de las Américas, la representación boliviana logró que el documento de gobernabilidad demicrática sufra dos cambios importantes respecto a su redacción original.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, entrevistado por la Razón, detalló que – con el apoyo de Argentina y México- Bolivia logró excluir del documento una cláusula considerada “intervencionista” y, en contrapartida, logró incorporar un párrafo referido a los deberes de las Misiones de Observación Electoral (MOE).

Arce, en ese sentido, detalló que el documento de gobernabilidad democrática se logró retirar la iniciativa de crear un “alto comisionado para la defensa de la democracia”, un mecanismo que consideró “claramente intervencionista”.

“El texto original del documento pretendía afianzar en su inicio muchos más afanes intervencionistas; ahí se planteaba una serie de situaciones que hemos ido rechazando, junto con México y Argentina, que finalmente terminaron rechazando todos los países”, afirmó el Embajador boliviano.

Arce aseveró que la idea de crear un “alto comisionado” para “censar” las democracias del continente se constituía en una “forma concreta de intervencionismo” en la región.

 “Había una iniciativa de generar un ‘alto comisionado para la defensa de la democracia’, seguramente un acólito del señor (Luis) Almagro, que en nombre de la Secretaría General y de sus intereses mezquinos vaya y califique qué país es democrático o no; nos hemos opuesto y esa situación ha salido”, explicó Arce Zaconeta a La Razón.

En contrapartida, contó, Bolivia logró que en el documento se incluya un párrafo en el que se precisa la función y deber de las misiones de observación electoral de la OEA para asegurar que “no sean un mecanismo de intervención en los países, además de que sean transparentes en la información que realicen”.

“Después de una ardua tarea, de más de 20 reuniones, finalmente se ha logrado, con el consenso de todos los países, con la imposición de la verdad, de la razón y la justicia, la aprobación de un párrafo, el párrafo 2G, que establece este mandato”, apuntó el embajador.

Es un texto que establece “la obligación que tienen las misiones de observación electoral de ser imparciales, objetivas e independientes, generar el acceso a la información pública cuando se les requiera y respetar la soberanía de los estados”, acotó el Embajador en declaraciones al mencionado medio.

El Gobierno boliviano ha expresado públicamente y hasta en organismos internaciones sus observaciones que tiene a la auditoría electoral realizada por el OEA en Bolivia el 2019.

La OEA, en ese documento, señala que los comicios de ese año presentaron “irregularidades” que le impedían validar los resultados oficiales del ente electoral, que duieron la victoria en primera vuelta al entonces presidente Evo Morales.

Tras la publicación del informe preliminar, en noviembre de 2019, las protestas cívicas se intensificaron y Morales tuvo que renunciar a la presidencia tras perder el apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. Luego recibió refugio en México y luego Argentina.

Desde julio de 2021 a la fecha, la representación boliviana en la OEA envió 11 pedidos para que la Secretaría General proporcione todos los documentos y estudios del Informe de Integridad Electoral que el organismo emitió entre noviembre y diciembre de 2019 sobre las elecciones en Bolivia. Hasta la fecha, dijo Arce Zaconeta, Almagro no respondió positivamente a dichos pedidos.