El canciller, Rogelio Mayta, confirmó este miércoles que Estados Unidos (EEUU) solicitó la detención preventiva del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, con fines de extradición.

“Nos ha llegado desde los Estados Unidos una solicitud de detención preventiva con fines de extradición del ciudadano boliviano Maximiliano Dávila, esta solicitud se enmarca dentro del Tratado de Extradición que tiene suscrito Bolivia y EEUU desde 1995 y, de acuerdo al procedimiento establecido en el Tratado, es revisado por la Cancillería para ver si cumple o no con los requisitos formales y documentos del caso”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Dijo que, finalizado este proceso, la Cancillería tiene dos opciones: Si no cumple los requisitos, se realizará las observaciones del caso y se devolverá el requerimiento a la embajada de EEUU.

Si cumple, se remitirá el pedido al Tribunal Supremo de Justicia que, de acuerdo a la Constitución y normas nacionales, es la instancia que define sobre la procedencia o no de solicitudes, como la detención con fines de extradición y la extradición misma.

“Estamos recién en el inicio de esta solicitud, el trámite está en Cancillería, en la Unidad Jurídica para su análisis y revisión de requisitos”, sostuvo.

Respecto a la oferta de una recompensa monetaria por parte de EEUU a quién ayude o brinde información para sustentar la acusación en contra de Dávila, el Canciller dijo que este tema es parte de las prácticas que son parte de las acciones del gobierno estadounidense, desde donde tuvieron la gentileza de enviar una nota haciendo referencia al tema.

La detención de Dávila es producto de una investigación y proceso judicial del Estado boliviano.

Dávila está acusado de legitimación de ganancias ilícitas y debe guardar detención preventiva en el Penal de San Pedro, en La Paz.

La investigación se hizo como parte de la lucha frontal contra el narcotráfico y es parte también de la lucha frontal contra la corrupción.

El Gobierno informó que está dispuesto a investigar cualquier hecho irregular en las entidades del Estado como la Policía y otros, “caiga quien caiga”, porque existe la política de cero tolerancia a la corrupción y no se permitirá que los servidores públicos cometan hechos de corrupción.