La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, observó que los municipios no están cumpliendo con su responsabilidad de adoptar medidas eficaces que garanticen los servicios básicos en las unidades educativas, ni les está dotando o financiando implementos y materiales de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19 en esos establecimientos y demandó una respuesta urgente de las autoridades municipales ante un eventual retorno a las clases presenciales.

Estas deficiencias fueron identificadas en una verificación realizada entre el 14 y 22 de diciembre de 2021, en 100 unidades educativas fiscales de 16 gobiernos autónomos municipales de todo el país: 14 con una población mayor a 50.000 habitantes (La Paz, El Alto, Caranavi, Oruro, Potosí, Cochabamba, Villa Tunari, Sucre, Tarija, Yacuiba, Cobija, Trinidad, Riberalta y Santa Cruz) y dos con una población de 15.000 a 50.000 habitantes (Llallagua y Puerto Suárez).

“En el cien por ciento de los establecimientos verificados se han advertido deficiencias que requieren atención por parte de los gobiernos municipales; es más, en aquellos que tienen más de 50.000 habitantes, se han evidenciado mayores debilidades, como es el caso de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde existen colegios que presentan deficiencias en servicios básicos esenciales como alcantarillado, baños en mal estado que requieren refacción, lavamanos con fugas de agua; aspectos ante la  pandemia de la COVID-19 no permiten cumplir con las medidas de bioseguridad de prevención de contagios ante un eventual retorno a clases”, informó la Defensora.

Observó que indicó que los gobiernos municipales de El Alto, Llallagua, Sucre, Puerto Suárez, Trinidad y Riberalta, no han asumido su responsabilidad de dotar de agua potable a 12 unidades educativas. Además, que si bien, existen 88 establecimientos con agua, en nueve el suministro no es continuo. 

Dijo que se constató que en seis colegios el agua no es potable, por lo que no es apta para el consumo humano, como en el Ignacio Ortiz Mendoza y Joaquín Hurtado Chávez, en Trinidad, Beni.

 “Estos aspectos imposibilitan la higiene de manos, que es importante para la prevención de la COVID 19; ni permiten la desinfección y limpieza permanente de los establecimientos educativos. Entonces, hay un riesgo para la salud de la población estudiantil”, sentenció la autoridad.

La verificación defensorial también detectó que 14 unidades educativas no disponen de alcantarillado, y que de las 86 que la tienen, en 10, las instalaciones se encuentran deterioradas por falta de mantenimiento, comentó la autoridad defensorial.

También se evidenció que 14 establecimientos de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Yacuiba, Villa Tunari, Puerto Suarez y Trinidad, presentan riesgos sobre el tratamiento de aguas residuales, debido a que existen rebalses de aguas servidas, lo que se constituye en focos de infección. Algunas unidades educativas, como Villa el Carmen  en Yacuiba, Simón Bolívar  en Villa Tunari, y Celestino Zambrana en Trinidad, utilizan pozos sépticos, detalló la autoridad.

Si bien las 100 unidades educativas cuentan con sanitarios, en 44 están en malas condiciones con inodoros que presentan fugas, tanques de agua que funcionan sólo en algunos; letrinas que no tienen agua, y lavamanos en malas condiciones, regulares o sin suministro de agua. 

La Defensora del Pueblo detalló que 67 unidades educativas no tienen cámaras de desinfección o pediluvios; y que 51 que carecen de material de protección contra la COVID-19, como barbijos, alcohol en gel, termómetros digitales u otros. 

Indicó que 29 unidades educativas no aplicaron ningún protocolo de bioseguridad, mientras que en otras aplicaron protocolos que no fueron validados por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).  Y advirtió que en14 centros educativos no realizaron el control de la vacunación a su personal docente. 

“El Estado boliviano, en sus diferentes niveles educativos, no está asumiendo con responsabilidad la implementación de medidas y la dotación de materiales de bioseguridad para evitar la propagación la COVID-19 en las unidades educativas identificadas”, sentenció la autoridad defensorial. 

La Defensora del Pueblo exhortó a los 16 municipios a cumplir con su obligación de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario y material de bioseguridad establecida en la Ley 070 y anunció que solicitará al Ministerio de Educación y a las Direcciones Departamentales de Educación que realicen el seguimiento correspondiente ante un posible retorno a clases presenciales o semipresenciales.