¿Qué avances hubo en la lucha contra la corrupción el 2021?: Conoce el informe del Ministerio de Justicia
El Ministerio de Justicia publicó un informe de su trabajo en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

En conmemoración al Día Internacional Contra la Corrupción, que se recuerda cada 9 de diciembre, el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, publicó hoy un informe detallado respecto a los avaneces registrados durante la gestión 2021 en la lucha contra la corrupción.
Avances normativos e interoperabilidad para combatir la corrupción
El pasado 27 de agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó la Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción que tiene el objetivo de fortalecer los mecanismos y procedimientos establecidos en el marco de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.
La modificación normativa facilita la lucha contra la corrupción, ya que permite desarrollar procesos penales contra jueces y fiscales que incurran en prevaricato.
Actualmente la Asamblea Legislativa tiene en agenda el tratamiento del proyecto normativo de interoperabilidad que busca establecer un plazo para la implementación de herramientas tecnológicas al interior del Órgano Judicial con diferentes bases de datos del sistema estatal a fin de lograr una administración de justicia accesible, transparente, oportuna y de calidad; además permitirá el descongestionamiento en juzgados y evitará la aplicación de más prácticas burocráticas que muchas veces derivan en hechos de corrupción.
Paralelamente se avanzó en la aplicación intensiva de Tecnologías de la Información y Comunicación y la interoperabilidad de los sistemas informáticos del Órgano Judicial, Ministerio Público y Policía Boliviana, en el marco de las leyes 898 (seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia) y 1173 (Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia).
Mediante gestiones interinstitucionales, se logró que la Fiscalía y la Policía Boliviana utilicen el Formulario Único de Denuncias (FUD) y se eliminó la coexistencia de dos sistemas informáticos en el Órgano Judicial, para que se aplique un sistema consolidado pero transitorio ya que se encuentra en desarrollo el sistema de acceso a la justicia (SAJ), moderno, interoperable, con formularios electrónicos big data, y sistemas expertos e inteligencia artificial.
Asimismo, el Ministerio de Justicia modernizó sus procesos internos a través de la introducción de un sistema para la gestión institucional de la entidad SIPFA, en pleno funcionamiento.
Acuerdos interministeriales para fortalecer la prevención del delito de corrupción
A partir de la firma del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Ministerio de Educación en diciembre de 2020, a la fecha se capacitó a más de 1.300 maestras y maestros de 59 municipios del país en el marco del Ciclo Formativo "Promovemos una Cultura de Ética y Transparencia en la Comunidad Educativa" en coordinación con la Unidad Especializada de Formación Continua (UNEFCO).
También se elaboraron las Guías Pedagógicas de la Video Serie “Trascender - Las 3 Leyes Ancestrales” y la separata “Construimos una Comunidad con Valores”, herramientas educativas para el nivel primario.
Además de la incorporación de contenidos para el nivel primario y secundario en valores, transparencia y lucha contra la corrupción en los textos de aprendizaje de acuerdo al Programa de Estudios 2021.
Acciones ante casos concretos registrados en la gestión 2021
Transparencia en la designación de jueces, vocales y fiscales
En junio, luego de conocerse denuncias por irregularidades en la designación de 42 vocales, el titular de Justicia, Iván Lima, advirtió que no sería posible llevar adelante una reforma judicial si es que continúan las designaciones irregulares de jueces, vocales y fiscales, al margen de criterios de transparencia y meritocracia. "Han elegido a bolivianos que no son dignos de ser llamados jueces de Bolivia (…). Han designado vocales sin tomar en cuenta graves denuncias de prevaricato y otros delitos”, manifestó.
La designación de los 42 vocales realizada desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se desarrolló pese a la sentencia 170/2021 del 26 de mayo de 2021, que notificó a dicha instancia para que se deje sin efecto la convocatoria pública para la designación de vocales y todas las convocatorias públicas ulteriores que se hubieran producido, debido a irregularidades detectadas.
Tras la intervención del Ministerio de Justicia, las designaciones irregulares fueron dejadas sin efecto. Asimismo, se conocieron denuncias en otros procesos de selección de autoridades judiciales, por haber hecho circular los cuestionarios de manera anticipada, entre otras irregularidades.
Ante esa situación, se verificó que sean modificadas las baterías de preguntas y otros mecanismos que garantizan una selección transparente y sin sesgo.
Caso Characayo y Quelca, ministros alejados del Gabinete por indicios de corrupción
En abril, el entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, ante indicios de hechos de corrupción, fue inmediatamente alejado del gabinete ministerial.
De igual manera, ante indicios de hechos de corrupción detectados al interior del Ministerio de Educación, se procedió a investigar las acusaciones, decisión que desembocó en la renuncia del entonces titular de esa cartera de Estado, Adrián Quelca.
Caso de los 800 ítems fantasma
Luego de conocerse la denuncia por actos de corrupción vinculados a 800 ítems “fantasma” generados al interior del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó que esta cartera de Estado a través del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se constituirá en parte querellante.
La investigación fue iniciada luego de conocerse la denuncia de Valeria R.P., exesposa del principal sindicado, Antonio P. V., director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz durante la gestión de Percy Fernández.
De acuerdo con las primeras indagaciones, existen elementos que evidencian los delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
El Ministro Lima lamentó que se haya dado a conocer que un caso similar fue archivado por los administradores de justicia de Santa Cruz, pese a las pruebas entregadas. “Tengan la seguridad que no vamos a cesar con el esfuerzo de lograr que exista una justicia transparente y un debido proceso”, sostuvo.
// Con información del Ministerio de Justicia