La Paz, 16 de diciembre (Oxígeno).- El fiscal Leopoldo Ramos informó que convocará a diez personas más para que declaren por el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Cinco son funcionarios de la estatal petrolera y el resto particulares. 

El investigador indicó que se secuestró la computadora de Erika Rojas Rivero de la empresa Colibrí, involucrada en los contratos irregulares con la empresa estatal. La acusada de corrupción fue enviada al centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz.

“Algunos documentos reflejan todo el aparato de la red de corrupción”, enfatizó el investigador. 

Las diez personas serán citadas por el Ministerio Público porque en la audiencia de medidas cautelares de anteriores involucadros se dieron a conocer sus nombres.

Ramos no descartó convocar a autoridades de YPFB si encuentran indicios en el caso.

El grupo de personas acusadas de corrupción estaba compuesto por dos funcionarios, amigos y familiares que realizaban contratos de manera irregular beneficiando económicamente a diferentes empresas.

Selva Camacho, exfuncionaria de Almacenes de YPFB Chaco, fue enviada al penal de Palmasola, en Santa Cruz. Luis Alejandro Bell se encuentra detenido en el penal de San Pedro. Erika Rojas Rivero fue destinada al centro de Orientación Femenina de Obrajes y Yalile Bravo al centro de privación de libertad de Miraflores.

Los cuatro involucrados recibieron la detención preventiva luego de su audiencia de medidas cautelares que duró aproximadamente siete horas y concluyó a la medianoche del lunes.