Tal y como lo recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, la tarde de este jueves la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el Decreto Presidencial N° 4571 que abroga el Decreto Presidencial N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

Así lo dio a conocer la Vicepresidencia a través de su cuenta oficial en la red social del Twitter.

En agosto pasado, el presidente del Estado, Luis Arce, había anunciado que se cumpliría a las recomendaciones del GIEI de la CIDH, entre ellos la derogatoria del Decreto 4461 de febrero de 2021, misma que era cuestionada por la oposición debido a que beneficiaba a militantes del MAS involucrados presumiblemente en hechos de violencia durante la crisis política de 2019.

Uno de los puntos del artículo 5 de la cuestionada norma establecía que se concede el beneficio de amnistía a las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

Sin embargo, el GIEI, en su informe, consideró que “la amnistía, aunque haya sido concebida para atender a un legítimo reclamo de personas víctimas de persecución política, puede terminar por producir el encubrimiento de graves hechos, impedir la justicia y dificultar la reparación de daños”.

El GIEI señaló, asimismo, que desde un punto de vista material, una amnistía o indulto puede interferir negativamente en la obtención de la verdad y la promoción de justicia, y advierte que la aplicación del Decreto “puede reforzar la percepción de injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”.

“Asimismo, considera que desde la perspectiva de los derechos humanos, la amnistía no es, en principio, un buen instrumento. Es una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad y puede ser inadecuada para atender a la finalidad de revisar la situación de personas procesadas sin respeto a su derecho al debido proceso legal”, señaló el informe de los expertos internacionales.