El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó al Estado de Bolivia a adoptar las medidas necesarias para la preservación de los idiomas indígenas y a garantizar la promoción del uso de todas esas lenguas en el espacio público.

En el informe correspondiente a la revisión periódica de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Bolivia, divulgado este miércoles, el Comité encomió el marco normativo amplio a favor de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Sin embargo, manifestó preocupación por la protección de los idiomas que se encuentran en riesgo de desaparecer y lamentó que muy pocos funcionarios públicos cumplan con la obligación de manejar una lengua indígena para facilitar el acceso de las personas que los hablan a los servicios que tienen derecho.

Para los pueblos indígenas recomendó que se evalúen los planes de estudio regionales y se adapten a las necesidades de los diversos pueblos indígenas y que se les asegure una educación de calidad, así como un acceso igualitario al mundo digital.

Territorios indígenas

El informe expresa inquietud por las denuncias de obstáculos a la Autonomía Indígena Originaria Campesina, pese a ser un derecho constitucional, y recomienda que se garantice a los pueblos indígenas la seguridad jurídica de sus tierras, territorios y recursos naturales ocupados y utilizados tradicionalmente, además de acelerar el establecimiento de las autoridades que velen por los derechos de los esos pueblos.

También se refiere a la falta de consultas previas a las decisiones de proyectos de explotación de recursos naturales que atañen a las comunidades indígenas y exhorta a la formulación de un marco legal para la consulta y consentimiento libre, anticipado e informado, sobre todo en materia de extracción de minerales e hidrocarburos.

El Comité destaca la falta de seguridad de los defensores de derechos humanos, en particular los que abogan por los derechos indígenas y medioambientales, y solicita una política integral de protección de esos activistas para prevenir ataques contra ellos y contra las comunidades que defienden.

Tras recordar al Estado de Bolivia sus obligaciones con los instrumentos internacionales de los que es parte, pugna por combatir la impunidad en los casos de amenazas, acoso o violencia con sanciones adecuadas.

La Madre Tierra

Los expertos del Comité acogieron con satisfacción la Ley de Derechos de la Madre Tierra, promulgada en 2010, y las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en la esfera del agua y la energía, pero subrayaron el incumplimiento de la contribución nacional referente al sector de los bosques y la producción agropecuaria.

Del mismo modo, enfatizaron el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que recomendaron continuar fomentando las energías alternativas y renovables, y redoblar los trabajos para la reducción de las emisiones, además de adoptar un plan nacional de adaptación al cambio climático que aminore los efectos adversos del fenómeno en los derechos humanos.

Estereotipos de género

Con respecto a la igualdad de género, el Comité denunció la persistencia de los estereotipos que perpetúan la discriminación contra las mujeres en la educación, la salud, el empleo, la participación política, la violencia de género y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

En este sentido, instó a tomar medidas que garanticen a las mujeres el ejercicio pleno de todos sus derechos, así como a diseñar un sistema de cuidados que les permita conciliar la vida laboral y familiar, y a implementar campañas para superar las actitudes patriarcales y los estereotipos de género. Pidió también incluir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en las cuentas nacionales.

Para las mujeres llamó a además a promover su estabilidad laboral, a reducir las brechas salariales y a prevenir y sancionar el hostigamiento y discriminación en le trabajo. En cuanto a las trabajadoras del hogar, conminó a que se les garantice el acceso a recursos efectivos frente a abusos o explotación.

Luego de citar los elevados índices de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio y la impunidad de esos crímenes, apeló a fortalecer los servicios esenciales para atender a mujeres en situación de violencia con infraestructura, personal especializado y presupuesto adecuado.

En cuanto al sistema de justicia, recalcó que todos los casos de violencia contra las mujeres deben ser investigados y debidamente sancionados, para lo que recomendó crear juzgados especializados.

Abortos inseguros

De la salud reproductiva, el Comité deploró que se sigan practicando abortos inseguros a causa de su penalización y falta de alternativas, al igual que a la ausencia de una política de educación sobre salud sexual y reproductiva y el acceso limitado a anticonceptivos, que dan lugar a una tasa alta de embarazo adolescente.

Superar estos flagelos requiere, de acuerdo con los expertos, revisar las leyes que prohíben el aborto para que sean compatibles con los derechos de las mujeres, tomando en cuenta el derechos a la vida y la salud física y mental.

El Comité también exhortó al Estado a garantizar que las mujeres que recurran al aborto no sean consideradas penalmente responsables y a asegurar la difusión y disponibilidad de información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para todas las mujeres y las adolescentes, especialmente en las zonas rurales remotas.

Asistencia social

Al abordar el renglón del bienestar social, el Comité aplaudió el sistema sanitario único y el otorgamiento de bonos para atenuar el impacto de la pandemia; no obstante, destacó las barreras de acceso a la seguridad social de los grupos marginados y abogó por la prestación de esa asistencia sin discriminación.

Agregó a sus recomendaciones que se mejore la cobertura y los servicios para las personas que se dedican solamente al trabajo doméstico no remunerado y a garantizar pensiones adecuadas a los ancianos.

El Comité señaló, asimismo, la urgencia de fortalecer las medidas inmediatas para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19, sobre todo en los grupos vulnerables e instó a seguir trabajando en la reducción de la pobreza y la desigualdad entre la población rural y urbana y entre la población indígena y no indígena.