El Gobierno de Bolivia se abstuvo de votar a favor o en contra de una resolición de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige “la liberación inmediata” de los opositores al Gobierno de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua antes de las elecciones de noviembre.

El llamado de atención se resolvió con el apoyo de 26 votos a favor, es decir, el grueso de los países integrantes del organismo multilateral. Bolivia no formó parte de ese grupo y sumó una de las siete abstenciones – junto a Argentina y México- que evitaron pronunciarse a favor del reclamo hacia el gobierno del país caribeño. El único ausente fue Nicaragua, el protagonista de la tensión política.

"El Estado Plurinacional de Bolivia no comparte la injerencia en asuntos internos de parte de la Organización de Estados Americanos (...) Bolivia respeta la autodeterminación de los pueblos como base de funcionamiento central de todo el sistema interamericano y no comparte el hecho de que se pronuncie específicamente sobre un país en concreto y sobre un proceso electoral en concreto", afirmó el embajador boliviano, Héctor Arce, durante la sesión de este miércoles.

En el documento aprobado por el Consejo Permanente, se reiteró el llamado a la liberación inmediata de opositores presos, entre los que figuran siete precandidatos presidenciales que no han podido participar de las elecciones.

También se expresó una “grave preocupación” por el hecho que los intentos del Consejo Permanente para que el gobierno se comprometa a la celebración de elecciones libres y justas fueron “ignorados”.

Además, urgió “con vehemencia” a la administración de Daniel Ortega a poner en práctica “sin demora” los principios de la Carta Democrática Interamericana y otros estándares para comicios tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otro actor internacional “creíble”.

Antes del debate y votación, la delegación nicaragüense rechazó “rotundamente” la inclusión de este tema en la agenda. “Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo”, señaló el Gobierno del país centroamericano.