La investigación por el envío de municiones a Bolivia volvió a tomar envión el mismo día en que el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, denunció a Mauricio Macri ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por supuestamente haber apoyado el presunto golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

Y es que el juez en lo penal económico de Argentina, Alejandro Catania, requirió en las últimas horas información a las autoridades bolivianas y pidió que se le tome declaración testimonial a quienes tuvieron contacto con el armamento enviado por el gobierno de Macri. En simultáneo, Catania abrió la puerta a que sea otro juez quien continúe con la investigación que cada vez tiene mayor impacto en el plano internacional.

Hace dos semanas, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió que Catania quede al frente del expediente que tiene a la plana mayor del macrismo imputada por contrabando agravado. Sin embargo, la disputa por la competencia sigue sin estar saldada. Catania, en su momento, había dicho que no era él quien debía instruir la causa, sino que debía hacerlo su colega Javier López Biscayart. Lo que sucede es que López Biscayart tenía la denuncia que formuló el gobierno de Alberto Fernández contra Macri y compañía, mientras que Catania había recibido la presentación judicial del excamarista Eduardo Freiler. La denuncia del Gobierno fue la que empezó a moverse a los pocos días de haberse presentado y allí quedaron imputados Macri, Marcos Peña y Patricia Bullrich, entre otros. Catania también había advertido que el caso podría quedar en manos del juez que estaba de turno cuando el escándalo por el envío de municiones estalló. Ese juez es Ezequiel Berón de Astrada, a quien ahora le envió el expediente para que diga si lo acepta. Lo más probable es que el asunto vuelva a la Cámara.

Sin embargo, mientras eso se resuelve, la causa debe seguir su trámite con Catania, que ordenó medidas tanto a nivel nacional como en Bolivia. A nivel local, según información de Página/12, el juez se centró en recabar información sobre cómo fue el circuito que terminó con la salida de 70 mil balas antitumulto --sin declarar-- del aeropuerto de El Palomar en la medianoche del 12 de noviembre de 2019.

El juez se hizo eco de los pedidos del fiscal Claudio Navas Rial y de la Dirección General de Aduanas y libró exhorto a las autoridades de Bolivia. La clave está en saber qué pasó después de que el Hércules C-130 argentino aterrizara en el aeropuerto de El Alto en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Por eso, el juez pidió que en Bolivia se les tome declaración a quienes estuvieron en la base aérea cuando llegó el contingente de gendarmes argentinos para saber los pormenores de lo que fue la entrega a las fuerzas bolivianas de las balas, los sprays y las granadas. También reclamó que le envíen un croquis del aeropuerto y filmaciones o fotografías que puedan existir del momento en que los gendarmes y la tripulación de la Fuerza Aérea Argentina bajaban los pertrechos.

Según se pudo reconstruir, de las 70 mil balas que sacó la Gendarmería de Argentina, 40 mil quedaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), mientras que la policía boliviana se quedó con 26.900 proyectiles. Una hipótesis que manejaba el gobierno de Luis Arce es que los 3100 cartuchos restantes hayan ido a parar a manos de grupos paramilitares.

La información sobre cuántos proyectiles quedaron en poder de cada fuerza proviene de dos documentos. En primer lugar, la aparición de la carta de agradecimiento que envió el entonces comandante de la FAB Jorge Gonzalo Terceros Lara el mismo 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador Normando Álvarez García dio el primer indicio de cuántas municiones recibió esa fuerza. En segundo lugar, se halló un informe confeccionado ese mismo día por dos mayores de la Policía boliviana dándoles ingreso a las 26.900 balas a los depósitos policiales.

Catania busca que se le tome declaración testimonial en sede judicial también a los mayores de la policía para que den su versión. Por otro lado, pidió que se consiga un cuerpo de escritura de Terceros Lara, que está detenido por el presunto golpe de Estado de 2019. En caso de que el excomandante de la FAB se niegue, las autoridades bolivianas deberán remitir documentos fidedignos para que pueda hacerse un peritaje de la firma que figura en la carta. La nota ya está en poder de la Justicia desde hace tiempo porque la había solicitado López Biscayart. En un primer momento, el militar había desconocido la firma. De esa negación se habían agarrado Macri y Bullrich para intentar encapsular el escándalo.

Los investigadores estimaban que la producción de esta prueba no debería demorarse mucho. El fiscal Navas Rial ya hizo exhortos que fueron respondidos, en gran parte, en menos de un mes y medio. La única medida que podría dilatarse es la que afecta a Terceros Lara, calculaban. A la evidencia que llegue de Bolivia se suma la que ya entregaron las autoridades argentinas. Entre otros elementos, el juzgado cuenta con el sumario que inició la Gendarmería y que buscó frenar Macri --sin éxito-- ante López Biscayart. Allí los gendarmes declararon no haber tenido contacto con las balas de goma. No se descarta que puedan ser llamados para dar su versión ante la Justicia.